Todos aceptamos, por considerarlo natural, que cualquier cargo político use de los bienes públicos para el ejercicio de su función: Es natural que el Jefe del Estado utilice los palacios que están adscritos al desempeño de su función (Palacio de la Zarzuela, Palacio Real…) o los medios de transporte que las Fuerzas Armadas tengan previstos y adscritos para sus desplazamientos. Igual puede decirse del Presidente del Gobierno, de los Presidentes Autonómicos, de los Ministros, de los Delgados del Gobierno, de los Alcaldes y de multitud de cargos políticos. Nadie se sorprende de que esto sea así por entender que sirven para el cumplimiento de su función y, por tanto, repercute en el bien de todos.
Cuando esos bienes públicos se utilizan para fines privados (entiéndase políticas de partido, eventos familiares, compromisos de amistades personales y un largo etc.), es decir, gestiones que nada tienen que ver con el desempeño del cargo, el ciudadano se suele “mosquear” y pedir que haya una separación clara entre las dos esferas que confluyen en la persona del cargo público en cuestión o, al menos, que le den información y detalle sobre el importe de dicho gasto y su por qué. Verdad es que no siempre resulta fácil llevar a cabo esta distinción si tenemos en cuenta que ese cargo público de alto nivel necesita unas medidas de seguridad y de rapidez que no siempre se pueden separar del oficio que desempeña. Pero, incluso con esta precaución, consideramos necesario dar explicaciones y cuantas más mejor.
Traigo estas consideraciones a colación porque en el caso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en numerosas ocasiones y por también numerosos medios de comunicación, se nos ha informado de que ha utilizado los medios propios de su cargo para usos y fines privados: caso del uso del helicóptero oficial para asistir a la boda de su cuñado en La Rioja en 2018; o el uso del avión, también oficial y en el mismo año, para asistir a un concierto en Castellón “justificado” desde Moncloa por la “entrevista previa” con el presidente de la Comunidad Valenciana, cuando esta no se había anunciado ni publicitado hasta después de que tuviera lugar el concierto. En esos momentos un diputado de la oposición se preguntaba si una «reunión informal» de 45 minutos con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, y el concierto de música en Castellón, justifican el coste «económico y ambiental» de dicho viaje; y el Gobierno y el Ministerio de Defensa argumentaron que estos operativos se diseñan con criterios de seguridad y que la misión de estos medios de transporte es precisamente esa: el traslado de autoridades.
La lista de usos “dudosos” de los bienes públicos se puede completar con la invitación y traslado de los amigos del presidente en 2019 al palacio de Las Marismillas (Huelva) que era donde veraneaba el presidente, o la repetición de la misma invitación, en 2020, pero esta vez en el palacio de La Mareta (Lanzarote) y, eso sí, pese al Covid. De nuevo queremos ser comprensivos y pensar que el presidente tiene derecho a su vida privada aunque sea presidente, si bien es verdad que me gustaría -creo que es más elegante- que esas reuniones de carácter personal, familiar o amistosas no se hiciesen con tanta ostentación, salvo que el Sr. Sánchez piense: “que se enteren mis amigos de los importante que soy”.
En la misma línea se pueden situar los desplazamientos en las campañas electorales. Todos conocemos lo importante que es para cualquier candidato a presidente del Gobierno que asista a cuantos más mítines mejor, pero utilizar los aviones oficiales para los desplazamientos, entiendo que es un uso inadecuado por partidista cuando el partido al que perteneces puede pagarte un avión privado con el que cumplir tus obligaciones de campaña y poner de manifiesto que distingues bien lo que es el Estado y lo que es el partido.
Lo más lamentable de todas estas acciones, junto con hacerlas, es que cuando se han pedido explicaciones tanto parlamentarias como a través del Portal de Transparencia la respuesta por parte de Presidencia del Gobierno ha sido que “no le consta” y que “no existen registros”. Es decir, que el presidente del Gobierno se desplaza por España como si de un espíritu angélico se tratara, es decir, de forma invisible, sin avisar, sin medio de transporte y sin dejar rastro. A mi me huele a intento de “ocultación”, a confusión entre lo que es público y lo que es privado, y a un manejo arbitrario de los bienes públicos rayando en un abuso de poder.
