La Unión Europea, transferirá a España, en los próximos años, 72.700 millones de euros en el marco del programa de recuperación Next Generation EU, que son a fondo perdido; más otros 67.300 millones de euros, que hacen un total de 140.000 millones de euros, cantidad que ha sido incrementada en otros 15.000 millones en la partida de préstamos, como consecuencia de que la Comisión Europea ha actualizado los datos de paro y crecimiento económico y ha llegado a la conclusión de que la crisis económica en España “será mucho más grave de lo que se había previsto”, lo que ha movilizado a Bruselas para intentar amortiguar el “golpe” y darnos más dinero, ayuda adicional que el Gobierno no ha querido airear para evitar tener que reconocer que la crisis económica va a ser más grave de lo que él había anunciado. Es decir, que el dinero total que vamos a recibir asciende a 155.000 millones de euros. En este año 2021 la UE anticipará un 13% de esos 155.000 millones de euros lo que supone unos 20.000 millones de euros.
Todo ese dinero que la Unión Europea está preparando para ayuda de sus países miembros se financiarán con deuda emitida por la propia Unión que tendrá que ser devuelta en el futuro en lo que, como no podría ser de otra manera, España tendrá que participar para saldar esa deuda global, porque la forma de devolver el dinero recibido de la UE no será de forma individual por parte de cada país, sino que el pago se hará con cargo al presupuesto general de la UE, lo que conlleva que será necesario elevar la contribución de cada país miembro para aumentar los ingresos del conjunto de la UE y ello teniendo en cuenta que ya no está Reino Unido.
Todo ello significa que las ayudas europeas no saldrán gratis, sino que supondrán una deuda que habrá que devolver, pero como quiera que España es un país con un endeudamiento del 117% del PIB antes de incorporar la deuda europea y la cantidad a devolver a la UE es suficientemente elevada, consideramos que es necesario diseñar con antelación de donde, como y cuando se va a hacer frente a esos pagos pendientes. Traducido a números se puede estimar que, entre 2027 y 2038, se tendrán que devolver unos 12.000 millones al año, cantidad que equivale a toda la aportación que hizo España al presupuesto europeo en 2020. Por ello es muy importante determinar cómo se reparten las contribuciones. Los gobiernos próximos de España no tendrán margen para compensar los nuevos impuestos europeos con rebajas en los impuestos nacionales, y las familias y las empresas se verán abocadas a un aumento de la presión fiscal.
Otra precisión importante es que el dinero que nos viene no llega para que lo gastemos en lo que queramos, sino que viene condicionado a que se creen actividades económicas encaminadas a aumentar nuestro potencial de crecimiento y a crear empleo sostenible. Es decir, ampliar la base económica que permita aumentar la riqueza y de ella se puedan obtener más impuestos con los que poder devolver el dinero que nos presta Europa. Por tanto, fracasaremos en ese objetivo si se gasta el dinero como se hizo con el Plan E y para evitarlo no sería bueno considerar que, como hay mucha gente pasándolo mal, es a eso solo a lo que hay que destinar el dinero, sino hacerlo pensando que la mejor ayuda para quien lo necesita es darle un empleo y no una subvención. En resumen hemos de trabajar para generar nuevos recursos propios con el fin de que sean esos nuevos ingresos los que nos permitan devolver la deuda común de la UE.
Europa, al asignarnos esos fondos, ha puesto el acento en la necesidad de que haya «un riguroso» control de la «asignación de los fondos y de su vinculación con los fines para los que sean concedidos», es decir, que se gasten en cosas productivas y no en atender necesidades de amigos políticos o socios parlamentarios. El Gobierno social-comunista, sin embargo, ha aprobado el RDL de medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el que creará una Unidad de Seguimiento de las ayudas en La Moncloa para que le informe, día a día, de la evolución de los proyectos que vaya a impulsar España al presidente del Gobierno que será el único que tenga el control último de los fondos. Es decir, los fondos no tendrán otro control que el que quiera Moncloa.
De aquí que el Consejo de Estado español en el dictamen que elaboró y aprobó por unanimidad el pasado 21 de diciembre para que acompañara al decreto de gestión de esos fondos europeos, y que el Gobierno ocultó con el pretexto de que no era vinculante, manifestase su «preocupación» por «la eliminación o modulación» de los mecanismos de control. Y no es menor nuestra preocupación por la forma de gastar el dinero que la que tiene el Consejo de Estado, pues visto lo visto en las actuaciones de Sánchez puede ocurrir de todo menos bueno.
