En el aula se cuentan, aproximadamente, unos veinte y cinco, así que les digo a la mitad que salgan al pasillo y esperen, pues he de comunicarles algo importante a los que se quedan. Tras unos segundos de titubeo, me encuentro en silencio con un grupo reducido.
—Me gustaría conocer vuestra opinión acerca de las intenciones del Ayuntamiento, expresadas durante el día de ayer en el Pleno. Como sabréis, el Consistorio piensa eliminar la mitad de los árboles de la localidad, pues su mantenimiento es muy costoso y, a su juicio, aportan poco a la comunidad.
Sorprendidos, se miran entre ellos, encogiéndose de hombros. Una alumna pregunta:
—¿Es eso verdad?
—Sí que lo es (por supuesto que no lo es). Y me gustaría aprovechar la ocasión para lanzaros una pregunta: ¿qué cantidad de dinero estaríais dispuestos a exigir como compensación al daño que se le va a infligir a nuestra localidad con esta medida? Eso sí, —me apresuro a comentar antes de escuchar ofertas, —quisiera que me lo entreguéis por escrito y que esa valoración sea secreta.
Una vez descansan en mi mesa doce papelitos con la valoración individual del daño de la medida institucional, les pido que, ahora, sean cómplices, guardando silencio ante lo que voy a trasladar al resto del grupo, una vez regresen al aula. Acceden.
—Gracias por esperar en el pasillo. En realidad, os he hecho salir porque me interesa especialmente contar con vuestro punto de vista, sin que se halle contaminado por las opiniones de esta otra mitad del grupo. Veréis, es muy sencillo…
Lo que le traslado al grupo que esperó en el pasillo es idéntico al que no salió del aula. Es decir, el Consistorio planea eliminar la mitad de los árboles de la localidad. Sin embargo, ahora la pregunta es diferente. No se trata de indicar cuánto exiges para compensar el daño, sino todo lo contrario:
—¿Qué cantidad de dinero estaríais dispuestos a pagar para evitar el daño que se le va a infligir a nuestra localidad con esta medida? Eso sí, —me apresuro a comentar antes de escuchar ofertas, —quisiera que me lo entreguéis por escrito y que esa valoración sea secreta.
El grupo inicial capta la diferencia, pero guarda silencio (son cómplices). Pasados unos minutos, en mi mesa hay dos montones con papelitos. En uno, el dinero exigido como compensación; en otro, las disposiciones a pagar para evitar la medida.
La acción (eliminar la mitad del arbolado) es la misma en ambos casos. Pero no así los resultados. La compensación media exigida oscila entre el 1.000.000 y los 10.000.000 de euros. La disposición media a pagar, entre los 10 y los 50 euros (estas cifras varían algo cada año).
El experimento (que intento realizar todos los cursos) no es una invención mía. Nos acompaña desde hace mucho tiempo y muestra lo difícil que resulta valorar adecuadamente los bienes que, en Economía, se denominan «públicos». Las personas no vemos con los mismos ojos, ni el mismo bien (ni la misma política) cuando se trata de pagar o de recibir.
Si me preguntan por la fuente de este sencillo caso práctico, les diré que recuerdo haberlo visto reseñado en una obra de Azqueta (economista dedicado a la investigación de la valoración económica del medio ambiente). De la mano del mismo autor (y otros colaboradores) es esta cita:
««La diferencia entre lo que una persona estaría dispuesta a pagar por impedir el deterioro de un bien ambiental (…) y lo que exigiría como compensación para permitirlo, suele ser muy grande»
Introducción a la economía ambiental. D Azqueta, M Alviar, L Domínguez, R O’Ryan. McGraw Hill. Madrid. 2007.
Este curso, con las debidas medidas de seguridad, volveré a llevar a cabo el experimento. Les adelanto que la edad y la procedencia social son independientes del resultado (de hecho, el experimento original se realizó con personas adultas). Una vez completado, nos será más fácil hablar de problemas económicos que nos afectan seriamente como el de los precios de la electricidad, la fiscalidad de los carburantes, la transición verde o la suficiencia de las pensiones y sus consecuencias sobre la equidad intergeneracional.
En todos estos temas, económicos, existen ganadores y perdedores. Las posturas frente a ellos, a menudo, están condicionadas por la cita anterior, lo que nos lleva, en numerosas ocasiones, a incurrir en contradicciones.
Así, es habitual escuchar opiniones en defensa de una transición verde que reduzca drásticamente el CO2 y, simultáneamente, exigir luz barata o subvenciones a la misma (¿debe subvencionarse una fuente de energía? ¿debe la energía eléctrica ser un recurso al margen del mercado y proporcionarse a bajo coste? ¿para todos los usos?).
Si algo sabemos en Economía es que los precios son señales y, como tales, nos indican la dirección que debemos tomar. ¿Tiene el mismo calado social el consumo eléctrico de una lavadora que el propiciado por dejar los aparatos en stand by? ¿Puede defenderse, al mismo tiempo, una transición verde y unos precios energéticos bajos? Si es así, ¿cómo incentivaremos el consumo responsable? En esta transición, el precio de la energía será alto. Actuar sobre las rentas (garantizando que todos puedan poner la lavadora) y no sobre los precios, podría ser una propuesta más consistente.
¿Y qué me dicen de las pensiones? Estamos dispuestos a salir a la calle (ni un paso atrás) para blindar las pensiones y, al mismo tiempo, nos avergüenza la precariedad laboral que sufren nuestros jóvenes (a los que posiblemente se les esté condenando a soportar una mayor tasa de dependencia y a destinar más recursos para el sostenimiento de esta factura).
La transición verde no la pagarán otros. Tampoco las pensiones ni los impuestos al diésel. Tenemos todo el derecho a posicionarnos donde nos dé la gana e, incluso, a cambiar de opinión (faltaría más). Eso sí, aun sabiendo que no es lo mismo llamar que salir a abrir, lo que es seguro es que el timbre ha sonado y que la puerta, más tarde o más temprano, dejará de estar cerrada.
