Son demasiados los Ayuntamientos que últimamente en nuestra región están planteando, cuando no abordando, el despido de personal de las escuelas infantiles, ya sea amortizando las plazas como hará el gobierno de Illescas, o proponiendo reducciones en sus pliegos como es el caso de Azuqueca de Henares, por poner tanto un ejemplo de gestión directa, como otro de privatización del servicio.
Para Izquierda Unida de Castilla-La Mancha es inadmisible el ataque a la red de cuidados que se está produciendo en nuestra región con la reducción de puestos de trabajo en las escuelas infantiles amparándose en el descenso de número de matrículas, porque cuando esas plazas vuelvan a necesitarse, que se necesitarán, se habrá desmantelado el tejido público que aseguraba la igual cobertura a todas las familias castellano-manchegas.
Las escuelas infantiles como servicio público de calidad son imprescindible para la conciliación, la búsqueda de trabajo, la formación y el desarrollo en las primeras etapas educativas. Esta cobertura se vuelve irremplazable cuando hablamos de zonas rurales que necesitan de una administración pública fuerte y solvente. En el artículo 6.c de la Ley de educación de Castilla-La Mancha se ha incorporado, desde el proyecto de medidas para el desarrollo rural, que el desarrollo de políticas educativas para la infancia debe hacerse “ampliando progresivamente la oferta de plazas escolares desde el primer ciclo de la educación infantil con la participación de la administración local e iniciativas privadas” y continúa indicando que “se arbitrarán formulas específicas para el ámbito rural para el fomento de iniciativas que garanticen la oferta suficiente para el primer ciclo de educación infantil”.
En el análisis de este apartado encontramos varias claves del cauce que va a tomar la gestión de las escuelas infantiles. En primer lugar, es imposible hacer efectiva esta ley autonómica si se eliminan, en menos de un año, las plazas que se tenían habilitadas antes de la pandemia y que, sin duda, se hará imposible volver a reactivar una vez amortizadas.
Después, sitúa al alcance de los municipios proporcionar un servicio en las escuelas infantiles de calidad con la captación de los recursos necesarios, como por ejemplo el que se daba apoyándose en las subvenciones de la propia Junta de Comunidades con la línea de trabajo que se mantenía anteriormente, y que, a nuestro juicio, debe reactivarse sin demora si de verdad se quiere contribuir al sostenimiento de los centros municipales.
Por otra parte, no se fijan unos mínimos para impulsar la oferta para el primer ciclo de educación infantil, por lo que toda la población que lo requiera debe ser atendida sin excusas.
Por último, ampara la incursión de la iniciativa privada tan del gusto del gobierno regional, en un ámbito educativo que debería ceñirse al desarrollo desde el entorno de lo público para garantizar las condiciones de los puestos de trabajo.
Esta semana Azuqueca de Henares se juega el que sus familias puedan acudir a las escuelas infantiles con un compromiso de calidad educativa y laboral del personal que las atiende, pero son muchos los municipios de nuestra región que están sintiendo la tentación de externalizar las escuelas infantiles y así cuadrar las cuentas, antes de atender a las necesidades de protección y cuidados de vecinas y vecinos. Esos mismos vecinos y vecinas que van a ver como la dejadez de sus gobiernos municipales abren la puerta al afán privatizador que devalúa las condiciones y hace de los servicios públicos un bien mercantilizado.
No es posible ofrecer con una mano a las empresas lo que pertenece a la ciudadanía y con la otra sujetar el micrófono para reclamar la eliminación de tasa de reposición por ser una enorme barrera para la contratación de personal que atienda los servicios públicos, como hemos escuchado al presidente regional en una de sus últimas visitas publicitarias. Las escuelas infantiles son un servicio esencial y deben ser gestionadas desde lo público junto con su personal y así lo vamos a continuar defendiendo desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, gobierne quien gobierne.
