La borrasca Filomena ha dejado a su paso no solo paisajes blancos y temperaturas gélidas, sino que, en Castilla-La Mancha, ha evidenciado la desprotección de los castellanomanchegos y las castellanomanchegas a nivel energético.
A nivel nacional, el precio de la luz no ha parado de crecer desde el anuncio de la llegada de Filomena y ello se verá reflejado en las facturas de este mes de enero, que se incrementarán alrededor de un 20-30%. Pero es que, además, los castellanomanchegos y castellanomanchegas nos hemos visto afectados a causa de las deficientes infraestructuras de nuestros pueblos. Según el Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias, más de 2000 personas abonadas se han visto desprovistas de suministro eléctrico durante la que, sin duda, es la mayor nevada de los últimos 50 años. Provincias como Toledo, Cuenca y Ciudad Real cuentan con pueblos sin ningún tipo de protección energética.
Sin embargo, esta situación de abandono es absolutamente resoluble, y prueba de ellos son ciudades de nuestro país como Barcelona. La ciudad condal puso en marcha la comercializadora eléctrica pública “Barcelona Energia” con la que comercializa energía 100% renovable y gestiona su distribución de manera pública y sostenible. Ello ha permitido prestar un servicio público esencial poniendo a la ciudadanía en el centro, sin que los beneficios e intereses de los oligopolios afecten al bolsillo de la gente. Por este motivo, las personas usuarias han visto cómo sus tarifas no solo no se han disparado durante el paso de Filomena, sino que incluso se han reducido.
Por tanto, la pregunta clave que desde Podemos C-LM nos hacemos es, ¿por qué en Barcelona y no en Albacete? ¿Qué nos impide llevar a cabo políticas públicas que beneficien a toda la ciudadanía y que además son sostenibles con el medio ambiente? La respuesta es la voluntad política.
Desde Podemos C-LM apostamos por la creación de una empresa pública de energía que permita el suministro y distribución de la energía eléctrica a precios asequibles, de manera sostenible con el medio ambiente, pero, sobre todo, que preste sus servicios en aras de erradicar la pobreza energética.
Del mismo modo, se debe continuar impulsando las energías renovables, y ello pasa necesariamente por denunciar la deslocalización de la producción de grandes multinacionales, como la fábrica de Siemens-Gamesa en Cuenca, dedicadas a la fabricación y desarrollo de energías renovables. Esta deslocalización por parte de la compañía no solo pone en riesgo los puestos de trabajo de las personas que allí trabajan y el sustento de sus familias, a quienes mostramos todo nuestro apoyo, solidaridad y colaboración en la lucha por sus derechos; sino que también pone de relieve la importancia de generar sinergias entre las diferentes etapas de los procesos de producción, transformación y distribución de las energías renovables en aras del bien común. Esto permitiría que, con la eficiencia y la disminución de los costes generados, la deslocalización no sea una excusa manida de las multinacionales para abandonar Castilla-La Mancha. Para ello, Castilla-La Mancha debe de ir de la mano del Gobierno de España, el cual ha apostado, en su Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por una Transición energética justa e inclusiva.
España es un país clave en la producción de energía renovable, y por ello, Castilla-La Mancha no puede quedarse atrás en este nuevo y urgente camino. Pero no podemos hacernos trampas y tratar de recorrer un camino sencillo y de réditos inmediatos, sino que es necesario empezar a invertir de manera constante en I+D+i, a fomentar industrias de alto valor añadido y a empezar a liderar una industria verde y sostenible desde lo público. La transición energética debe ser una oportunidad para aumentar la soberanía energética de los castellanomanchegos pero el gobierno de Page ha optado porque sea un mercado más sin más valor que el del dinero.
