Los representantes de la Asociación de Afectados por la no Legalización de Pozos de Explotaciones Prioritarias y Agricultores a Título Principal (ATP) han mostrado su malestar con la propuesta del proyecto del tercer ciclo (2022-2027) del Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana, donde de nuevo no se contempla ninguna reserva de agua con la que solucionar el problema, que se remonta al año 2008, de los pozos de Agricultores a Título Principal y explotaciones prioritarias.
Lamentan que “a pesar de las promesas realizadas por los líderes políticos regionales volvemos a quedar relegados con los problemas que esto acarrea, como aumento de sanciones, pérdidas de patrimonio, penalizaciones en la Política Agraria Común y, sobre todo, el trato desfavorable con respecto a los pozos de explotaciones de leñosos que sí fueron resueltos en su día”.
Por ello, hacen un llamamiento a las Comunidades de Usuarios de Aguas Subterráneas; organizaciones agrarias; Cooperativas Agroalimentarias y a todas las administraciones, tanto a ayuntamientos como diputaciones y, en especial, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que presenten las alegaciones oportunas dentro del periodo de consulta pública del Plan Hidrológico del Guadiana, al igual que lo harán desde la Asociación.
Asamblea informativa
La Asociación de Afectados ha convocado a todos sus socios a una asamblea informativa que tendrá lugar el viernes 16 de julio, a las 20:00 horas, en el Teatro Municipal de Tomelloso (con todas las medidas anti-covid) a la que han invitado a representantes de la Junta de Comunidades, alcaldes y alcaldesas de los 35 municipios afectados y a los presidentes de las Comunidades de Usuarios de las Masas Mancha Occidental I, Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos.
Asociación por la Legalización de Pozos
La Asociación de Afectados por la no Legalización de Pozos de Explotaciones Prioritarias y Agricultores a Título Principal (ATP) está constituida por agricultores de localidades de las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, surgida para reclamar de las administraciones competentes la solución a un problema que se vienen arrastrando desde el 2008, cuando estos agricultores profesionales, cuyos ingresos provienen exclusivamente del trabajo en sus explotaciones, acudieron a un concurso publicado por el Plan Especial del Alto Guadiana y cuya finalidad era la de dotar de concesión todos los pozos que se encontraban sin ella dentro del antiguo Acuífero 23. Para tal fin se creó el Consorcio del Alto Guadiana encargado de recibir las solicitudes y emitir informe a la Confederación Hidrográfica del Guadiana para su posterior concesión.
En el año 2013, con la disolución del Consorcio, quedaron regularizados todos los expedientes de cultivos leñosos (unos 4.500), quedando pendientes todos los expedientes de agricultores profesionales (unos 1.400), precisamente los expedientes de aquellos agricultores que necesitan de sus pozos, por ser la agricultura su única fuente de ingresos.
