Cerca de un centenar de personas se han concentrado este lunes ante las puertas del Hospital Virgen de la Salud, convocadas por la Junta Personal del Área Sanitaria 1 de Toledo, para mostrar su rechazo a la privatización del Servicio de Lencería que va a afectar a un total de 28 trabajadores del Hospital Nacional de Parapléjicos.
Los convocantes han recordado al presidente regional, Emiliano García-Page, el acuerdo que suscribió con otros partidos políticos en 2015, cuando aún estaba en la oposición, en virtud del cual el PSOE se comprometía, en caso de gobernar, a no entregar a empresas privadas la gestión de servicios públicos.
Así se lo ha indicado la secretaria de la Junta de Personal del Área Sanitaria 1 de Toledo, Inés Cedreño, que en el comunicado que ha leído ante los medios de comunicación ha asegurado que este 1 de marzo es un «día negro», pues el titular del Ejecutivo regional «está incumpliendo su programa electoral y está llevando al privatización de la sanidad a las últimas consecuencias».
«En abril de 2015 se firmó en Alcázar de Toledo un pacto entre los máximos responsables políticos de PSOE, Ciudadanos, Izquierda Unida y UPyD por el que se comprometían a no privatizar ningún servicio y revertir la privatización y los recorte de servicios del Gobierno de María Dolores de Cospedal. Pero esto se ha incumplido, la empresa privada ya está dentro del Sescam y los trabajadores continúan sin recuperar sus derechos como la carrera profesional», ha denunciado.
Dicho esto, ha indicado que la Junta de Personal del Complejo Hospitalario de Toledo ha solicitado información sobre el alcance de la prestación de los servicios no clínicos por parte de la empresa concesionaria de las obras de construcción, mantenimiento y conservación del nuevo Hospital de Toledo que recoge el contrato que firmó en 2017 la directora gerente del Sescam, Regina Leal.
«Este contrato no ha sido facilitado por el Sescam pese a insistencia de la Junta de Personal», ha dicho su secretaria, que ha criticado el «ocultamiento y la falta de transparencia» que el Ejecutivo regional está teniendo en este asunto.
Y es que, según denuncia la Junta de Personal, este 1 de marzo ha entrado en vigor la privatización del servicio de Lencería, de tal modo que el personal estatutario que lo presta será reubicado en otros servicios. «Pero la concesionaria tiene campo libre para comenzar a explotar la gestión de la Lencería, directamente o a través de una contrata», ha advertido.
