La Mesa de la Caza de Castilla-La Mancha ha calificado la resolución del Gobierno regional que suspende los desplazamientos para la entrada y salida de la región, así como de los términos municipales de la Comunidad Autónoma, para practicar la caza en los terrenos que cuenten con autorización expresa por la autoridad competente para la gestión de las especies cinegéticas con riesgo de sobreabundancia como «irresponsable» y ha anunciado que generará conflictos entre agricultores y cazadores «en un año en el que ningún coto ha tenido las herramientas para realizar las capturas establecidas en el plan de ordenación cinegética».
La Mesa ha recordado en nota de prensa que el sector cinegético entiende perfectamente la absoluta prioridad que el Gobierno regional debe dar a reducir el número preocupante de casos en Castilla La Mancha por COVID-19, así como en el resto del territorio español. Este fue el motivo, continúa, por el que el propio sector propuso duras medidas de control y el desarrollo de un protocolo para la actividad cinegética, «que sin duda es el más exigente de toda España, para que cuando llegara una situación como la actual las exigencias en la actividad permitieran poder seguir su práctica sin riesgos».
«Así es, en Castilla La Mancha están prohibidas la práctica totalidad de las relaciones sociales en torno a la caza, como desayunos y comidas, por lo que los cazadores van directamente a las posturas con unas distancias que eliminan cualquier posibilidad de contagio», han añadido.
En este punto, han señalado que «más allá de la gravísima crisis económica que se ha creado en el sector desde el inicio de la temporada cinegética y que esta medida puede dar la puntilla definitiva a las empresas del sector, a titulares cinegéticos y a las sociedades de cazadores locales, que se nutren de cazadores de otros municipios», el Gobierno regional «no ha entendido el papel fundamental que la caza tiene en la prevención de daños a la agricultura y en los accidentes de tráfico y, si lo ha hecho, se ha plegado a las presiones político-ecologistas que ya hace semanas amenazaban con querellas criminales».
«En Castilla La Mancha se abaten cada año más de 90.000 piezas de caza mayor, de las cuales se estima que más de 70% de estas piezas no será abatidas, lo que puede suponer un gravísimo problema medioambiental y de salud para nuestra región. Asimismo los más de 9.000 accidentes de tráfico causados por especies cinegéticas en España se verán incrementados exponencialmente. Todas estas circunstancias a su vez darán lugar a responsabilidades de la Administración, tanto en cuestiones de accidentes de tráfico como en lo referido a los daños a la agricultura y la cabaña ganadera, derivados de la suspensión de la actividad cinegética acordada por la Administración, por lo que no puede recaer ni un minuto más estos daños en los titulares, cazadores y gestores de caza y mucho menos en los productores agrarios y ganaderos», señalan.
Para la Mesa de la Caza, Castilla la Mancha «ha ido tomando decisiones desde el inicio de la pandemia que se contradicen con lo dictado hoy por el Gobierno regional, donde el control por sobreabundancia de especies de caza mayor y conejo ha sido prioritario, conscientes de los problemas y daños que estas especies causarían una vez finalizada la veda de Castilla La Mancha, el próximo mes de febrero».
Por todo ello, solicitan una rectificación «urgente» del Gobierno regional y la autorización al movimiento de cazadores para la entrada y salida en municipios y en la Comunidad para las actividades de caza mayor y menor como control por daños, «del mismo modo que han realizado otras regiones como Castilla y León, Extremadura, Murcia, Galicia, Cataluña, Baleares o Andalucía».
