La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional, Blanca Fernández, ha confirmado que el Ejecutivo castellanomancheho recurrirá la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ha rechazado algunas de las medidas que el Gobierno regional quería aplicar en las residencias para hacer frente a la COVID.
«Estamos preparando el recurso en este momento. Nos parece que la Justicia tiene instrumentos para facilitar que se puedan realizar test a las trabajadoras y a los trabajadores de las residencias y pedimos a la Justicia que nos ayude a proteger la salud y la vida de las personas más vulnerables, que son las personas mayores que están en residencias», ha afirmado la consejera a preguntas de los medios en Almagro.
Blanca Fernández ha explicado que, con este recurso, el Gobierno va a pedir a la Justicia que reconsidere su posición. «Entendemos que hay instrumentos jurídicos para poder hacerlo», ha asegurado añadiendo que «al final, las decisiones judiciales se ubican en un contexto determinado y este contexto es de pandemia, es de crisis sanitaria todavía grave y sabemos que, aunque están vacunados y vacunadas, el COVID hace que las personas mayores aún se encuentren en una situación de vulnerabilidad».
Por ello, ha abogado por utilizar todos los instrumentos jurídicos para proteger la salud y la vida de la gente «que es lo que está intentando hacer el gobierno de Castilla-La Mancha».
