El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, conocida como ley de ‘nueva normalidad’, que fue aprobada el pasado 18 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Entre las medidas contempladas en el texto, que entrará mañana en vigor y se mantendrá hasta que acabe la pandemia, se mantiene la obligación para las personas, a partir de los seis años, de usar mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, incluso aunque se mantenga la distancia de seguridad de 1,5 metros.
En cualquier caso, la mascarilla no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
«Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias», señala el documento.
En relación a los fabricantes y los titulares de autorizaciones de comercialización de aquellos medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, el documento recoge que deberán comunicar a la Dirección de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) el ‘stock’ disponible, la cantidad suministrada en la última semana y la previsión de liberación y recepción de lotes de los mismos, incluyendo las fechas y cantidades estimadas.
Además, incluye que las administraciones competentes velarán por garantizar la suficiente disponibilidad de profesionales sanitarios con capacidad de reorganización de los mismos de acuerdo con las prioridades en cada momento. Asimismo, alude a la garantía de un número suficiente de profesionales involucrados en la prevención y control de la enfermedad, su diagnóstico temprano, la atención a los casos y la vigilancia epidemiológica.
Durante su debate en la Cámara Baja, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, resaltó que esta norma va a «permitir avanzar el control de la pandemia y también en funciones de vigilancia, inspección y control de casos». «Esta norma será medular en la gestión de la pandemia hasta su finalización. Recoge buena parte del compromiso adquirido durante la gestión de esta dolorosa crisis. Está llamada a ser una fuente de conocimiento para aquellos que tengan que tomar decisiones similares en el futuro», defendió.
Guillermo Díaz, de Ciudadanos, aplaudió la incorporación de una enmienda de su grupo para la suspensión durante toda la pandemia del visado de inspección médica para la prescripción de la triple terapia en el tratamiento de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). «Evitará tratamientos burocráticos para acceder al mejor de los tratamientos», celebró.
El diputado de la formación ‘naranja’, en sintonía con la ministra de Sanidad, reivindicó la necesidad de esta ley: «No podemos volver a enfrentarnos a una pandemia con reales decretos, salvo para matizar una norma que ya exista». En cualquier caso, ha reclamado al Ejecutivo que «plantee establecer una legislación que permita en un futuro responder mejor a una situación como esta».
Laura Márquez, de Unidas Podemos, también se mostró satisfecha con la incorporación en el texto legislativo de la prórroga de los contratos de investigación durante la pandemia, pero insistió en que «es necesario abordar el problema de la temporalidad en la investigación científica». «Incluso las personas que están investigando una vacuna en nuestro país tienen contratos temporales. Hay que garantizar la estabilidad de nuestros científicos, pero de verdad, sin trampa ni cartón», añadió.
En contraste, la diputada ‘popular’ Ana Pastor, ex ministra de Sanidad, lamentó que el documento final no incorpore ninguna de las 45 enmiendas presentadas por el principal grupo de la oposición. «Nunca antes el parlamento había sido tan ninguneado como en esta legislatura. Los decretos se han convertido en la norma, como ha ocurrido con ésta. No han aceptado ninguna de las 45 enmiendas de mi grupo. ¿No se dan cuenta de que este decreto llega igual que salió, que apenas ha incorporado cinco enmiendas?», ejemplifico.
Así, Pastor criticó que el Gobierno, con esta ley, «ha sido incapaz de incorporar lo que necesita con urgencia el sistema sanitario». ¿Por qué no han apoyado nuestras enmiendas? ¿Por qué un no a una Agencia de Salud Pública y Calidad Asistencial? ¿Por qué no a un plan de recursos humanos para mejorar las condiciones de los profesionales? Debe ser que es muy de derechas», se preguntó retóricamente.
La diputada socialista Carmen Andrés Añón le contestó que las enmiendas del PP están «muy lejos» de la «naturaleza» de la norma, ya que «pretendían una regulación exhaustiva de todas las situaciones posibles e imposibles de prever, y de esta manera maniataría al Consejo Interterritorial en su toma de decisiones». «Además, planteaban un claro conflicto de competencias con las comunidades autónomas. Estaban muy lejos de la Constitución y del espíritu de la ley», remachó.
