La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha celebrado la admisión a trámite de la proposición de ley impulsada por el PSOE para luchar contra el acoso a pacientes que acuden a interrumpir voluntariamente su embarazo a clínicas abortivas, asegurando que se trata de una norma que intentará «garantizar» su derecho.
Así ha respondido a preguntas de los medios tras una rueda de prensa en la que ha celebrado la proposición de ley que penalizará el acoso en clínicas abortivas, asegurando que es una buena medida para hacer respetar a las mujeres que «interrumpen su embarazo porque están en su derecho y cumplen con la ley».
Tal y como ha detallado, la situación en la región, «como en el resto de comunidades autónomas», es que hay un alto número de profesionales «acogidos a su derecho de objeción de conciencia» contemplado por la ley.
Cuando el caso pasa por peligro para el feto o la madre no hay derivaciones, pero sí es algo que ocurre cuando se trata de una interrupción voluntaria. En todo caso, ha pedido «no demonizar a los profesionales» que tienen este derecho a acogerse a la objeción de conciencia.
