El 29,8% de la población de Castilla-La Mancha, un total de 609.000 personas, vivía en 2020 en riesgo de pobreza y/o exclusión social, y aunque este dato supone la reducción de un punto con respecto al año anterior, la tasa en la región se mantiene en valores muy elevados, pues es un 13% superior a la de la media nacional (3,4 puntos porcentuales más), siendo la cuarta región con el porcentaje más alto.
Así lo desvela el XI informe ‘El Estado de Pobreza, seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social 2008-2020’ presentado este viernes por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha (EAPN-CLM), que retrata que la bajada del 1% respecto al ejercicio 2019 consolida la tendencia descendente registrada en los cuatro últimos años, que la ha llevado a ser la más baja desde el año 2009.
Desde esta organización, y pese a destacar el descenso castellanomanchego -pues la tasa solo se ha reducido en cinco comunidades autónomas-, han advertido de que, aunque las medidas políticas como el Ingreso Mínimo Vital, el incremento del Salario Mínimo y las adoptadas por el Gobierno de Castilla-La Mancha han contribuido a paliar las consecuencias de la COVID-19, sus efectos sobre la pobreza y la exclusión social más severas todavía no se ven reflejados.
Por ello, han reclamado la reactivación del Ingreso Mínimo de Solidaridad, suprimido por el Gobierno regional, alegando que la resolución del Ingreso Mínimo Vital o las ayudas de emergencia social siguen demorándose mucho.
DATOS
Según EAPN, en términos absolutos, unas 609.000 personas residentes en Castilla-La Mancha, 15.000 menos que el año pasado, están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. El análisis por sexo muestra que mientras que los valores para los hombres han aumentado, aunque sea mínimamente, los de la población femenina han disminuido en 2,8 puntos porcentuales. Con estos cambios, la brecha de género se corrige y hace que las tasas masculinas y femeninas sean iguales.
Asimismo, en el año 2020, el 9,4%, es decir, unas 193.000 personas, 33.000 menos que el año pasado, están en pobreza severa en Castilla-La Mancha. Este año se consolida el descenso observable desde el 2015 y los valores son prácticamente iguales a los de la media nacional. Es la primera vez desde 2010 que la tasa de la región se sitúa por debajo de la registrada para el conjunto nacional, según EAPN.
Por otro lado, en 2020, el 3,1% de la población de Castilla-La Mancha vive en condiciones de Privación Material Severa (PMS). En la actualidad hay 63.000 personas, 88.000 menos que el año anterior, en Privación Material Severa en Castilla-La Mancha. De todas ellas 29.000 son mujeres y 33.000 hombres. «El resultado de este año para Castilla-La Mancha es extraordinariamente positivo y muestra una reducción a menos de la mitad del valor del año pasado», destacan desde la organización.
La disminución de la PMS se debe, fundamentalmente, al descenso de la tasa entre las mujeres, las cuales han pasado de suponer el 8,9% a ser el 2,8%, es decir 6 puntos porcentuales menos. Los hombres, por su parte, también han reducido su tasa, pero sólo en 2,7 puntos. «Con estos cambios se corrige la abrupta desigualdad por género que se produjo durante el 2019», han destacado desde la organización.
Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla-La Mancha indican también que la Privación Material Severa incluye este año el brutal efecto de la pandemia provocada por el COVID-19 y, tanto el conjunto del territorio nacional como la inmensa mayoría de las regiones sufrieron un importante aumento de las tasas.
«En este sentido, la reducción pulveriza todos los récords, tanto en lo que se refiere a las cifras con respecto al año pasado como a la evaluación de los objetivos Agenda 2030 y OD desde 2015 y con este resultado, Castilla-La Mancha pasa a ser la tercera región con menor porcentaje de privación material severa, solo por debajo de Aragón y La Rioja», han incidido.
Finalmente, respecto a las personas que manifiestan llegar con dificultad a fin de mes son el 39,9%, que es la cifra más baja de todos los registros. Por el contrario, las personas que llegan «con mucha dificultad» a final de mes han aumentado levemente desde el 2019 y las que lo hacen «con dificultad» se han incrementado desde el 8,1 % hasta el 13,4 %.
DIFERENTE GESTIÓN DE LA CRISIS
Una vez desgranados los datos, el sociólogo autor del informe, Juan Carlos Llano, ha indicado que la recuperación de la anterior crisis financiera ha sido tan «endeble» que el COVID-19 «ha encontrado una alfombra roja». No obstante, ha considerado que la pandemia provocará un aumento de la pobreza, pero las consecuencias serán diferentes porque la gestión esta siendo diferente.
En términos parecidos se ha expresado el presidente de EAPN-CLM, Adolfo Patón, que ha asegurado que hay motivos para pensar que las consecuencias de esta crisis no van a ser tan malas, por el modo en que se está encarando. «Hay consenso por encima de las diferencias diarias y los titulares, y el papel del Estado ha de ser importante».
«Hemos pasado de la imposición del austericidio a una inversión económica en lo social, en cuestiones estructurales, y a nivel europeo se ha permitido el endeudamiento para inversión social, algo que tiene que ver con esa estrategia de lucha contra la crisis y de lucha contra la pobreza, como la que defendíamos desde 2008».
A preguntas de los medios, Patón ha asegurado que aunque el aumento del Salario Mínimo Interprofesional ha sido «exiguo» y por ello debería seguir aumentando, ha resaltado que haya sido «un colchón para las familias y las personas en situación de pobreza y haya evitado el golpe».
Dicho esto, ha criticado que el Ejecutivo castellanomanchego eliminara el Ingreso Mínimo de Solidaridad, pues tendría que haber mantenido las ayudas de forma simultánea durante un periodo, a fin de facilitar la entrada de Ingreso Mínimo Vital de forma progresiva. «Hubiera sido un colchón importante a pesar de las tensiones que han significado la negociación entre administraciones», ha añadido.
De igual modo, el responsable castellanomanchego de EAPN ha incidido en la necesidad de revisar los convenios colectivos para evitar que la pobreza recaiga sobre personas trabajadoras. «Ahora tener trabajo no es síntoma de seguridad, la pobreza recae en familias que trabajan, que tienen vivienda y son españolas».
Por último, ha reparado en la necesidad de articular medidas para que tener familia no suponga un factor de pobreza, sobre todo en una región como la castellanomanchega, donde se impulsan estrategias contra la despoblación.
