Concentraciones en las plazas de los pueblos, encierros, actuaciones en las carreteras y querellas. Éstas son algunas de las «novedosas» acciones de protesta que Asaja va a llevar a cabo a partir del 9 de mayo, cuando decaiga el estado de alarma nacional, para forzar a las administraciones a articular medidas que solventen la problemática del sector agrario.
Así lo ha avanzado el secretario regional, José María Fresneda, que en rueda de prensa ha precisado que estas acciones, que se van a ir «inventando» y con las que pretenden visibilizar las demandas del campo, fluctuarán en función de las medidas que el Gobierno regional pueda articular toda vez que cesen las restricciones aparejadas al estado de alarma, pero siempre cumpliendo la legalidad y anteponiendo la salud.
«Todo lo que vamos a hacer estará total y absolutamente coordinado con la Delegación del Gobierno, con la que mantenemos la más absoluta lealtad», ha defendido Fresneda, que ha precisado que «las desconvocatorias» de estas movilizaciones «las hará el Gobierno», cumpliendo las demandas que incluyen en su tabla de peticiones.
«Las movilizaciones no las para nadie. No es plato de gusto para nadie, pero en el fondo nos gusta, en síntesis es un poco lo que somos», ha admitido el secretario regional, que ha defendido que Asaja sujetará la pancarta en solitario pues, pese a que el resto de organizaciones agrarias de la región conocen sus demandas, no han considerado oportuno sumarse a las movilizaciones.
«Lo respetamos. Cada uno tiene derecho a ejercer su derecho como considera oportuno», ha admitido Fresneda, que además de detallar las acciones de calle que van a llevar a cabo, ha advertido de que las redes «van a arder» de la mano de los jóvenes de la organización, «que tienen una chispa diferente».
Tras reunirse con el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, y con el delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, la organización agraria pretende también encontrarse con la FEMP, con Cecam, CCOO y UGT, con asociaciones de consumidores, con Recamder, con cooperativas agroalimentarias e incluso con Ecologistas en Acción.
«Nos hemos enfrentado mucho y los enfrentamientos les vienen bien a los negacionistas, que hay en todos los lados. En el sector agrario nos sobran y también los que hacen juicios de valor», ha dicho.
PETICIONES
Pese a asegurar que las reclamaciones que Asaja tiene para el sector ocupan «38 folios», su secretario regional ha resumido que sus demandas pasan, ante todo, por la profesionalidad del sector y por apoyar la agricultura productiva respetando la normativa comunitaria, la salud animal y el medio ambiente.
Demandan, de igual modo, una convergencia real para el 1 de enero del 2023 y pocas regiones. «No sé con qué criterio se dice que se quieren cinco o seis, si lo dicen para quedar bien en una foto que expliquen porqué», ha dicho en alusión a la petición que el Gobierno de Castilla-La Mancha y de Aragón han hecho en el documento de mínimos que, de forma conjunta, van a pelear en la negociación de la PAC.
«Queremos ecoesquemas que podamos cumplir los agricultores y los ganaderos de Castilla-La Mancha, que no solo sirvan para titulares de prensa», ha denunciado Fresneda, que también ha reclamado verdaderas políticas conservacionistas.
Sobre esta cuestión, ha advertido de que «el negacionismo existente» en el Ejecutivo regional obliga a su organización agraria a «acercarse al poder judicial», anunciando querellas y denuncias por los planes de zonas ZEPA y las macrogranjas.
También judicializarán la gestión cinegética, presentando acciones contra Adif, la Dirección de Carreteras y los responsables locales, comarcales y regionales de la gestión de la caza «porque no están protegiendo a los agricultores».
«Hay siembras de cereales comidas en un alto porcentaje y eso nadie se lo paga al agricultor», ha lamentado Fresneda, que ha acusado a los responsables de la Administración regional de no activar el mecanismo de la caza para frenar esos daños.
Que el productor también participe en la Ley de la Cadena Alimentaria, a fin de «acabar con los engaños a los consumidores y las traiciones a los agricultores y ganaderos», o dar a conocer la nula actuación que, a su entender, el Ejecutivo regional está llevando a cabo en los planes de cuenca, son otras de la cuestiones que hacen a Asaja tirar de la movilización.
«¿Qué está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha ante los planes de cuenca? No nos lo han explicado ni a los que firmamos el Pacto del Agua, y lo firmamos con sinceridad», ha denunciado el responsable de Asaja que, en el caso del Alto Guadiana, ha alertado de que los agricultores «se van a hacer daño entre ellos, porque los que han hecho todo correctamente ven cómo le reducen el agua por los que no lo hacen correctamente y están gastando agua».
Dicho esto, en el caso del Plan de Cuenca del Júcar, ha dicho que mientras no se demuestre lo contrario, «y a lo mejor sorprende a algún consejero, quieren mandar 100 hectómetros cúbicos de la Manchuela conquense y albaceteña a la Albufera de Valencia».
Respecto al sector vitivinícola, ha asegurado que la ley que prepara el Ejecutivo de Castilla-La Mancha es «light», pues no aporta soluciones y lo deja todo en «abstracto». También le chirría que Europa haya advertido de que no va a haber fondos extra para la destilación, al tiempo que consideran imprescindible articular una destilación de crisis de al menos 5 millones de hectólitros. «Si no se arrastrarían problemas de esta campaña a la siguiente».
