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viernes, 15 noviembre
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Un convenio para mejorar, recuperar y asegurar las líneas límite jurisdiccionales en C-LM

El Ministerio dotará de coordenadas geográficas mejoradas a todos los mojones que componen estas líneas límite jurisdiccionales

El Consejo de Ministros, en su reunión de este martes, ha aprobado la firma de un convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), a través del Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG), y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para recuperar y dotar de coordenadas geográficas precisas a 3.500 mojones en líneas límite de municipios de Castilla-La Mancha, y su posterior representación cartográfica acorde con las nuevas técnicas de ingeniería geográfica.

El convenio tiene por objeto la realización de los trabajos para la recuperación, mejora geométrica y aseguramiento de la calidad de las líneas límite jurisdiccionales de términos municipales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ha informado el Gobierno en nota de prensa.

De este modo, el Ministerio dotará de coordenadas geográficas mejoradas a todos los mojones que componen estas líneas límite jurisdiccionales e inscribirá en el Registro Central de Cartografía sus geometrías, como requisito previo para su inclusión en la cartografía oficial.

Por su parte, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha colaborará en el replanteo de las líneas límite y en la elaboración de las actas que conformen los trabajos realizados, coordinando a los ayuntamientos implicados para someterlas a la firma de las comisiones municipales correspondientes.

El convenio tendrá vigencia hasta el 20 de diciembre de 2024, con posibilidad de prórroga y supondrá una aportación de trabajos del CNIG, con la colaboración del Instituto Geográfico Nacional (IGN), a través del Servicio de Deslindes y del Servicio Regional en Castilla-La Mancha, y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, valorada en un total estimado de 1.035.706,35 euros, que serán financiados al 50% por cada Administración pública.

Desde el año 2014 se llevan suscribiendo convenios con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para reflejar con precisión la realidad física de su territorio y dotar así de una mayor seguridad jurídica al desarrollo de actividades públicas o privadas, poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre administraciones públicas y la optimización de los recursos públicos.

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