Los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han constatado este viernes por la mañana que sus diferencias hacen imposible alcanzar un acuerdo sobre la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), a pesar del maratón de cuatro días que llevan negociando, y se han emplazado a seguir negociando para intentar el pacto a finales de junio.
Las diferencias entre ambas partes han resultado insalvables a pesar de que los equipos negociadores llevan con contactos desde el pasado martes. La arquitectura verde de la PAC a partir de 2023 y el dinero mínimo que se tendrá que dedicar a los nuevos regímenes ecológicos o ‘ecoesquemas’ han sido el principal escollo.
También persisten las discrepancias sobre el cumplimiento de las condiciones laborales en el campo que los eurodiputados quieren introducir como condición para cobrar las ayudas o el mecanismo para conseguir dirigir más pagos a las pequeñas y medianas explotaciones.
«Queremos cerrar un acuerdo, pero no queremos cerrarlo a cualquier precio», ha escrito en su perfil de Twitter, la ministra de Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, que ha negociado en nombre de los Veintisiete en calidad de presidenta de turno de la UE.
«Estuvimos cerca de lograr un acuerdo esta semana», ha lamentado el comisario de Agricultura, Janusz Wojciechowski, en la misma red social, en la que también se ha mostrado esperanzado sobre la posibilidad de que Estados miembros y Eurocámara puedan desbloquear la situación antes de que acabe junio.
En una rueda de prensa, el negociador del Parlamento Europeo para el reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC, Peter Jahr, ha explicado que las diferencias entre ambas partes han estado en la «letra pequeña» con respecto a los llamados ‘ecoesquemas’.
LA LETRA PEQUEÑA DE LOS ECOESQUEMAS
Según el conservador alemán, los Veintisiete y los eurodiputados habían encontrado un punto intermedio de acuerdo para que la partida mínima dedicada a estos regímenes ecológicos fuera el 25% de los pagos directos, pero la letra pequeña permitía a los países en la práctica «hacer lo que quieran».
La crítica se refiere a la cláusula de flexibilidad que los Estados miembros exigen para poder gastar parte del dinero reservado para los ecoesquemas en otras ayudas. Como estos regímenes ecológicos serán voluntarios para agricultores y ganaderos, puede que no se acojan a ellos y el dinero se pierda.
Por eso, las capitales quieren margen de maniobra para poder gastarlo en otros pagos de la PAC, pero la Eurocámara quiere que esta flexibilidad sea menor y además esté limitada en el tiempo (valoran un «periodo de aprendizaje» de dos años)
Otro aspecto que todavía divide a Eurocámara y países es el mecanismo para lograr que las ayudas de la PAC lleguen a todos los productores y no se concentren únicamente en las grandes explotaciones, como ocurre actualmente.
Descartada la posibilidad de fijar un techo obligatorio de 100.000 euros por explotación, rechazada por los Estados miembros, los eurodiputados intentan conseguir que se establezca una dotación mínima para pequeños y medianos agricultores. Al principio reclamaban un 12%, pero ahora aceptarían un 10%.
