El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha debatido la Ley del Régimen Administrativo y Fiscal del Juego de la región, una norma que consiguió recabar cierto grado de consenso en la comisión previa y que, tras la discusión que estrenaba el pleno parlamentario de este jueves, ha salido adelante con el apoyo de PSOE y Ciudadanos y la abstención del Partido Popular.
Ciudadanos, tras alcanzar un acuerdo transaccional en una de sus enmiendas, ha decidido retirar el resto de sus propuestas de mejora que habían llegado ‘vivas’ al pleno de las Cortes de este jueves.
Así, en el artículo enmendado acordado, que es la disposición transitoria tercera, se recoge que las autorizaciones de instalación de los locales de juego que caduquen tras la entrada en vigor de esta ley y que, en el momento de la solicitud de renovación no cumplan con el requisito de la distancia mínima a centros de enseñanzas prevista en la norma, podrán obtener siempre y cuando cumplan con el resto de los requisitos establecidos reglamentariamente la renovación de su título habilitante por un plazo máximo de cinco años, finalizando su vigencia en cualquier caso el 31 de diciembre de 2029.
En el supuesto de que el titular de la autorización de instalación no optara por lo previsto en el párrafo anterior, tendrá la posibilidad de proponer la adaptación del local o su traslado a otro inmueble que cumpla con los requisitos de distancia previstos en la ley si estuvieran afectados por éstas, siempre dentro de la misma localidad. En caso de no serlo así se producirá la caducidad de la autorización, tal y como se recoge en la enmienda.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas del Gobierno regional, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha sido el encargado de estrenar el debate poniendo en valor que este texto es el proyecto de ley número 22 que llega a las Cortes regionales en esta legislatura, una norma que «marcará un antes y un después en la regulación del juego».
En su opinión, subsanará las «anomalías de la actual legislación autonómica de 2013 que ha hecho proliferar los locales de juego en la región», una situación que se refleja en datos concretos, como que en el año 2013 había 51 establecimientos de juego, y en 2020 la cifra alcanzaba 200.
Un número que sitúa a la región como una de las que más densidad de establecimientos de juego presenta en relación a su población. En España hay 8 establecimientos por cada 100.000 habitantes, y la región se coloca por encima de la media, con 9, más incluso que la Comunidad de Madrid en comparación con sus habitantes.
COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA
Este proyecto es, además, «un compromiso del Gobierno con la ciudadanía» y tiene como objetivo «equilibrar los intereses de esta actividad económica, que es legal, con la necesidad de hacer frente a las externalidades negativas que pueden afectar a colectivos más vulnerables».
La nueva normativa potencia las medidas de control en el ejercicio del juego y recoge varias novedades, como dotar de más transparencia, garantía de pago de premios, lucha contra el fraude y creación del Observatorio del Juego Responsable, que será financiado con la propia recaudación de las salas.
Se evitará la publicidad a excepción de las publicaciones específicas o en los propios establecimientos y se reducen los patrocinios; además de que se retocan las exigencias en cuanto a la distancia mínima hasta un centro educativo, extremo definido vía enmienda transaccional acordada por todos los grupos parlamentarios.
El régimen sancionador, ha recordado, queda revisado en varios sentidos dentro del nuevo texto, aumentando las multas; y se han concitado más consensos en la tramitación de la nueva ley, como que los nuevos tributos a pagar se retrasen por el momento debido a la crisis económica derivada de la sanitaria.
PSOE: «LA LEY PONE EL FOCO EN LAS REPERCUSIONES»
La encargada de defender el dictamen de esta norma por parte del PSOE ha sido su portavoz parlamentaria, Ana Isabel Abengózar, quien ha repasado la arquitectura del nuevo texto poniendo en valor todas sus premisas.
Según ha ensalzado, la ley «aumenta la prevención y pone en marcha buenas prácticas del juego, poniendo el foco en las repercusiones sociales» de esta actividad.
CS PLANTEA UNA MORATORIA DE UN AÑO
El diputado de Cs David Muñoz Zapata ha pasado por la tribuna de oradores para defender las ocho enmiendas parciales rechazadas en la comisión previa y que han mantenido vivas en este debate.
Aunque comparten el espíritu de la ley, lo que no quieren en Cs es que ahora haya locales «tocados de muerte» y abocados al cierre por un cambio legislativo. «Vamos a prorrogar un año más el periodo transitorio para que, por lo menos, los pequeños negocios legales, tengan tiempo suficiente para amortizar las inversiones tras un año de pandemia». Incluso, ha dudado de la «constitucionalidad» de cerrar locales.
El parlamentario de la formación naranja se ha mostrado contrario a la prohibición legislativa, prefiriendo la «planificación», detallando que desde 2018 una estrategia previa a esta nueva ley ya ha permitido reducir el número de locales de juego.
Así, aunque coincide con la necesidad de regular el sector y comparte «herramientas positivas de la ley» como reforzar los controles de acceso a los locales de juego, Ciudadanos mantiene sus exigencias de cara a esta medida.
«Entendemos que hay que rediseñar las fachadas de los establecimientos; son necesarios programas de sensibilización de la sociedad; pero no compartimos la agresión a la libertad de empresa», ha apuntado Muñoz Zapata, quien ha recordado que los negocios abiertos se pusieron en marcha «de forma legal» y ahora tendrán que cerrar.
«Estamos dispuestos a aprobar esta ley, espero que lleguemos a un acuerdo para convertirla en una herramienta eficaz contra la ludopatía sin que se lleve por delante cientos de puestos de trabajo», ha indicado.
PP PREGUNTA POR CÓMO SE FINANCIARÁ EL OBSERVATORIO
Por parte del PP, Miguel Ángel Rodríguez ha defendido las nueve enmiendas que su grupo parlamentario mantenía vigentes en la negociación de este debate y, si bien ha considerado que la norma llega al pleno con «grado de acuerdo» tras pasar por la comisión, ha admitido que restan aún algunos flecos «fundamentales» para salvaguardar la «viabilidad económica de los negocios».
También ha rechazado que el Observatorio del Juego vaya a financiarse vía tasas a los propios locales de juego y ha pedido presupuestar y poner sobre el papel tanto la recaudación prevista al respecto como el gasto total.
Igualmente, el parlamentario ciudadrealeño ha considerado que la norma provoca «inseguridad jurídica y falta de eficacia de la administración».
«Y consideramos, en términos generales, que cualquier incremento de la presión tributaria en un momento tan complicado como el que atraviesan las empresas pueden tener consecuencias graves y provocar el cierre de locales que ya lo están pasando mal», ha lamentado.
Por todo ello, cree que «no es el momento de endurecer esta ley». «Pero hagámoslo bien, no incrementando las cargas tributarias», ha insistido.
En cuanto a la obligatoriedad de alejar los locales de juego de los centros educativos, Miguel Ángel Rodríguez ha apuntado que se trata de un extremo que «pone en duda la profesionalidad» de los trabajadores de estas salas. «¿Por qué no alejan también los bares?», se ha preguntado.
Isabel Abengózar ha vuelto a tomar la palabra al cierre del debate para fijar la posición ante las enmiendas vivas de PP y Cs, rechazando sus planteamientos uno a uno y volviendo a defender el texto íntegro que salió de la comisión previa a esta tramitación.
