El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado dos nuevos decretos de regulación y ordenación de la actividad turística en la región, los relativos al sector de la restauración y a las agencias de viajes y servicios de intermediación turística.
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha dado cuenta de estos decretos tras el Consejo de Gobierno de hoy, subrayando que con estas dos normativas son ya diez los decretos aprobados por el Ejecutivo de Emiliano García-Page, en un claro compromiso por dotar al sector turístico de una normativa adaptada a las circunstancias actuales que permita la prestación de sus servicios con una mayor garantía tanto para las empresas del sector como para los consumidores, ha informado la Junta en nota de prensa.
El primero de estos decretos es el de ordenación y regulación del sector de la restauración, que establece seis categorías: restaurantes; cafeterías; bares; establecimientos de ocio, diversión y baile; empresas de catering; y espacios para eventos.
«Esta categorización se pone en marcha por primera vez en la región, y es una necesidad regulatoria que nace de la Ley de Turismo de Castilla-La Mancha, aprobada en 1999, que establecía que todo lo que tenía que ver con la restauración debía desarrollarse en un posterior decreto», ha explicado Patricia Franco, que ha asegurado que en el periodo entre 2011 y 2015 no se abordó ninguna de las necesidades normativas pendientes para el sector turístico.
«Siempre se ha dicho que no había medios económicos para hacer acciones en materia de promoción, pero sí se podían haber hecho en materia regulatoria, y tampoco se hicieron», ha señalado.
En contraposición, con los dos Decretos aprobados hoy el Gobierno de Emiliano García-Page ha aprobado diez decretos de ordenación y regulación del sector turístico, «porque en la medida en que adaptemos esa normativa a la realidad actual, el sector tendrá mayores garantías». El Decreto que ordena y regula la actividad de la restauración en la región sitúa unos estándares mínimos para todos los establecimientos, en materias como los suministros de agua y energía o la ventilación e insonorización de los locales, pero también cuestiones particulares de algunos de ellos como menús, cartas de platos, régimen de acceso o reservas.
La consejera ha detallado que esta regulación afecta a más de 15.000 establecimientos en toda la región, «donde tenemos registrados más de 11.400 bares, más de 500 cafeterías y más de 3.000 restaurantes», explicando que tendrán un plazo de dos años desde la entrada en vigor del Decreto para establecer, en base a una declaración responsable, en qué categoría queda encuadrado cada uno de estos establecimientos.
Además, ha avanzado que habrá placas distintivas con la imagen turística de la región para cada tipo de alojamiento, «dotando de una mejor identificación y mayor visibilidad a los establecimientos».
ORDENACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INTERMEDIACIÓN TURÍSTICA
El segundo de los decretos aprobados hoy en Consejo de Gobierno, relativos al sector turístico, es el Decreto para la ordenación y regulación de las empresas de intermediación turística, que deroga un decreto existente del año 2007 para adaptar la normativa a la directiva europea 2015/2302, que establece entre otras novedades la necesidad de un régimen de garantías para hacer frente a posibles insolvencias.
El Decreto establece y diferencia las categorías de empresas de intermediación entre agencias de viajes, centrales de reservas y operadores turísticos, definiendo sus funciones y actividades, además de distinguir en la tipología de agencias de viajes entre organizadoras, minoristas y organizadoras minoristas.
Este Decreto establece que las diferentes actividades de venta de viajes combinados competen solo a las agencias de viajes, y tiene su principal novedad en la obligación, por parte de éstas, de constituir una garantía para hacer frente a posibles situaciones de insolvencia.
La garantía puede ser de tres tipos: individual, con un seguro o aval bancario no inferior a 100.000 euros; colectiva, con un seguro o aval bancario, o fondo solidario de garantía promovido por asociaciones y colectivos, no inferiores a 2,5 millones de euros; o estableciendo esa garantía por cada viaje combinado, a través de seguros individualizados.
«Las agencias de viajes, alrededor de 420 en la región, tendrán un periodo de seis meses desde la entrada en vigor del Decreto para establecer estas garantías», ha señalado Patricia Franco, que ha destacado que este esfuerzo normativo, que se ha dado en ámbitos como el turismo rural, el ecoturismo y el turismo activo, los campings y espacios de autocaravanas o los apartamentos de uso turístico, entre otros, «supone que los profesionales del sector puedan competir en igualdad y con garantías en nuestro territorio, y el usuario y el cliente final pueda acceder a sus servicios con total seguridad y garantías».
