El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, se ha mostrado convencido este viernes, en Soria, de que la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural, aprobada el pasado 6 de mayo en las Cortes regionales, «va a abrir camino en el resto de España porque incorporamos novedades importantes desde el punto de vista fiscal y de la garantía de los servicios públicos esenciales en los pueblos afectados por la despoblación».
Así lo ha señalado Martínez Guijarro, en declaraciones a los medios de comunicación, minutos antes del inicio de PRESURA, la IV Feria Nacional para la Repoblación de la España Rural que está organizada por el espacio de coworking El Hueco y se celebra en Soria, según ha informado en nota de prensa el Gobierno rgional.
A preguntas de los medios, el vicepresidente de Castilla-La Mancha ha explicado que las características de la nueva norma de Castilla-La Mancha van a hacer que otras comunidades autónomas «y el propio Gobierno de España tomen nota e implementen estas medidas».
En este sentido, ha recordado que se trata de una ley pionera, por ser la primera norma de lucha contra la despoblación en todo el país, y que, además de las medidas novedosas, se destaca por haberse gestado en el diálogo con los diferentes agentes sociales. «Ha sido muy participada y absolutamente consensuada en lo social; hemos mantenido reuniones con todos los colectivos, ha incidido Martínez Guijarro.
Un consenso, ha continuado el vicepresidente, «imprescindible» porque las políticas frente a la despoblación son políticas frente al medio y largo plazo.
MEDIDAS DE LA LEY FRENTE A LA DESPOBLACIÓN
La Ley frente a la Despoblación permite la deducción del 25 por ciento de la cuota autonómica para las personas que tengan estancia efectiva en zonas afectadas por la despoblación y la deducción del 15 por ciento para adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual para los que vivan o quieran vivir en estos territorios. A todo ello, hay que añadir su transversalidad, ya que afecta a la práctica totalidad de las competencias que tiene la Comunidad Autónoma.
En el conjunto de medidas que se incluye se establece también desde el blindaje de los servicios públicos como la sanidad, educación, servicios sociales y transporte, hasta la habilitación de ayudas de hasta el 40 por ciento adicional para la instalación de empresas en zonas afectadas por la pérdida demográfica.
Además, la Ley incluye el informe de impacto demográfico que se exigirá para toda la planificación de nuevos servicios públicos y normativa para la Comunidad Autónoma y cuyo objetivo es que esa normativa tenga en cuenta las necesidades de las zonas escasamente pobladas y en riesgo de despoblación adaptándose a sus peculiaridades.
