La Consejería de Bienestar Social de Castilla-La Mancha absorberá 125 millones de euros de los fondos europeos que ayudarán a desarrollar un modelo «avanzado» que adapte, modernice, digitalice, evolucione y haga sostenible el sistema.
Así lo ha indicado durante su comparecencia en las Cortes para informar sobre la política a seguir en la presente legislatura, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, quien ha comenzado su comparecencia con un recuerdo y homenaje a las personas que han sufrido la pandemia y un agradecimiento al personal de todos los ámbitos en bienestar social por «su trabajo incansable».
Para llevar a cabo las políticas de su departamento, la consejera ha dicho que Binestar Social cuenta con un presupuesto de 843 millones de euros, que se ha aumentado en 2021 en 87 millones con respecto a 2020.
«Esto va a permitir que el modelo de bienestar social avanzado absorba los fondos europeos, lo que va a suponer una inversión de 125 millones de euros, poder realizar inversiones para modernización de las infraestructuras sociales, actualizar la estructuras normativas, impulsar estrategia de servicios de proximidad y avanzar en la transformación digital», ha agregado.
LA ECONOMÍA DE LOS CUIDADOS
La consejera ha explicado que uno de los «pilares» de este modelo es el desarrollo de la economía de los cuidados -trabajando los cuidados de larga duración en mayores y dependientes-, el refuerzo del sistema nacional del dependencia y el desarrollo de los sistemas y servicios de proximidad.
Sobre la atención a la dependencia, la consejera ha indicado que este modelo está en sintonía con los objetivos generales y trasversales del Gobierno regional, tales como el desarrollo social y económico, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación y el cumplimiento de la agenda 2030.
Respecto a la estrategia de ordenación de recursos de proximidad, la titular de bienestar social ha afirmado que se va a facilitar la permanencia de las personas dependientes en su entorno con una atención más personalizada.
«Bajo esta estrategia desarrollamos varios programas como el servicio de telesistencia básica y avanzada que llega a más de 55.000 personas, el servicio de ayuda a domicilio con un presupuesto de 43 millones que se verá incrementado en cinco más, las 155 viviendas de mayores que atienden a 1.600 personas y con 600 profesionales o el servicio de promoción a la autonomía personal con 4.465 plazas en 682 municipios atendidos por mas de 400 profesionales».
PLAN DE TELECUIDADO AVANZADO
«Vamos a continuar reforzando estos servicios y poniendo en marcha nuevos programas», ha señalado la consejera, para referirse al plan de telecuidado avanzado, que contará con un presupuesto de 12,5 millones de euros en una estrategia de cuidados de las personas mayores en su entorno más cercano con un cuidador de referencia y pasando de un cuidado reactivo a una asistencia predictiva y proactiva.
También ha dicho que el objetivo de la Junta es no dejar a nadie atrás y que las personas en riesgo de exclusión están en la agenda del Gobierno, por lo que se mejorará el modelo de atención a personas con discapacidad de la mano del movimiento asociativo, se quiere lograr que los mayores puedan envejecer donde decidan y se combatirá la pobreza infantil.
«El compromiso del Gobierno regional es trabajar en un modelo de bienestar social en la región. Un modelo coordinado, trasversal, orientado en las personas, enfocado a los recursos de proximidad y armonizado con el reto demográfico», ha argumentado.
Asimismo, ha manifestado que como pautas generales de su actuación seguirá manteniendo un diálogo y un contacto «permanente» con todos los actores implicados en la gestión de la política social. «El tercer sector tiene en el Gobierno un gran aliado», ha señalado.
«No vamos a escatimar ni en esfuerzos, ni en movilización de recursos humanos ni en recursos materiales porque queremos una recuperación social y económica, porque es lo que la ciudadanía castellanomanchega se merece», ha manifestado García.
La Consejería, según ha señalado García, no modificará su estructura de equipo de gobierno aunque cuenta con «el nuevo refuerzo» de Francisco José Armenta como director general de Acción Social pasando Gregorio Gómez a la Dirección General de Infancia y Familia, cargo que ostentaba hasta hace unos días María Ger, que quedará integrada en esta área.
GRUPOS POLÍTICOS
De su lado, la diputada de Ciudadanos Elena Jaime ha echado en cara a la consejera la forma en la que se ha gestionado la política de mayores durante la pandemia, lamentando que a su grupo político le falten datos y la «falta de transparencia» en esta materia.
«Le toca reconstruir un mundo dañado por la pandemia», le ha dicho Jaime a la titular de Bienestar Socia, añadiendo que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos le va a tender la mano para llevarlo a cabo.
De su lado, el diputado del PP Vicente Aroca, que también se ha referido a los fallecimientos en las residencias durante la pandemia, ha comenzado su intervención afeando la gestión de la anterior consejera, Aurelia Sánchez, a la que ha responsabilizado de impedir la apertura de los centros de día.
Ha pedido a la consejera por tanto que apueste por un nuevo modelo residencial más familiar y contacto «permanente» con las asociaciones del sector. Además, ha esperado que sea una realidad su propuesta de que los centros de día sean calificados como servicios esenciales.
Ha puesto de manifiesto las personas pendientes de recibir prestación o ser valoradas en dependencia, ha pedido estudiar los convenios de ayuda a domicilio, fomentar programas de autonomía personal o estabilidad para el tercer sector.
Finalmente, el diputado socialista Pablo Camacho ha destacado que García se encuentra una Consejería «a pleno rendimiento» y «muy bien gestionada» por su predecesora, de la que ha destacado su «gestión eficaz».
Como ejemplo de ello ha puesto que el sistema de dependencia de Castilla-La Mancha haya pasado del «desmantelamiento» del PP a tener un notable alto por parte del Observatorio de la Dependencia o que el presupuesto de la Consejería haya pasado de 607 millones en 2015 a 843 en la actualidad.
También ha destacado la «importante inyección» que supondrán los fondos europeos, que ha calificado como el «mayor reto» para la Consejería y ha criticado que el PP haya tratado de obstaculizar estos fondos «a toda costa» vitando en contra en el Parlamento Europeo o en el Congreso.
