Suprimir de manera completa y definitiva los derechos históricos a partir del 2023 o reducir las regiones agronómicas a un máximo de seis, son algunas de las líneas rojas «irrenunciables» que el Gobierno de Castilla-La Mancha y el de Aragón han pactado y defenderán de forma común en la negociación del Plan Estratégico Nacional de la PAC.
Así se han comprometido este viernes en Toledo, donde han suscrito un decálogo de medidas que ambas regiones consideran de «vital importancia» y que quieren colar en el plan nacional, haciendo valer que suponen el 25% del territorio nacional y suman 150.000 solicitudes de la PAC en un año normal.
Además de priorizar al agricultor profesional de explotaciones familiares para acabar con la «agricultura de sofá», aspiran, de igual modo, a que se aplique un techo máximo de ayuda de 100.000 euros, que se apoye a la ganadería extensiva, que se pague a los ecosistemas y priorizar la incorporación de la mujer a la agricultura, incrementando un 5% los pagos directos.
De igual modo, para acabar con la economía laboral sumergida, proponen que los titulares de la PAC que no cumplan con la normativa laboral no cobren ayudas. También quieren garantizar el Segundo Pilar como política de apoyo a la mejora de las estructuras agroalimentarias orientada a la competitividad y que las regiones tengan competencia exclusiva sobre ese segundo pilar de la PAC, al menos igual que en el periodo actual.
CUMPLIR CON LA GENTE
«Los dos consejeros y los dos gobiernos queremos una nueva PAC, un cambio real. Estamos aquí para transformar la realidad del sector agrario, para cambiar una política que es fundamental para el proyecto de construcción europeo y que necesitamos consolidar argumentándola bien, transmitiendo una serie de valores y de objetivos claros y concisos al conjunto de la ciudadanía», ha dicho Francisco Martínez.
Del mismo modo ha destacado la voluntad de «cumplir con la gente que de verdad necesita esta política». «Es una obligación moral cumplir con la gente que está en el campo, cumplir con la gente que vive en nuestros pueblos. Para eso surgió esta política y hoy tenemos que reforzar ese compromiso. Esta nueva PAC es, por lo tanto, una oportunidad», ha insistido.
De su lado, el titular aragonés de Agricultura, tras asegurar que las administraciones «no pueden defraudar a quien espera apoyo», que son los agricultores profesionales de modelo familiar, ha señalado que ambas regiones comparten, además del problema de la despoblación, la de brecha de renta de agricultores profesionales y «la ambición de hablar claro».
«Hay un gran presupuesto que no se está aplicando bien, y se ha de hacer de forma más justa. Pero para ello hay que eliminar los derechos históricos de pago, que propician que haya un mercantilismo que debería llamar la atención. Mientras existan esos derechos no se podrán avanzar en este cambio profundo», ha apuntado Olona, que ha insistido en que, con independencia de lo que produzcan, los profesionales han de cobrar lo mismo por hacer lo mismo en una región u otra.
Al igual que ha hecho el consejero castellanomanchego, el aragonés ha abundado en la necesidad de incorporar a los jóvenes y a las mujeres. «No vale apelar a la igualdad de genero. Hay que apoyar a las mujeres fomentando y concretando un 5% más de ayudas. El sector agrario no se equiparará a los demás con semejante brecha de género», ha alertado.
MANIFESTACIONES EN ANDALUCÍA
Preguntados sobre si ven posible cerrar un acuerdo nacional, cuando los agricultores andaluces están saliendo a la calle para expresar su oposición a los términos planteados por el Gobierno central para la PAC, Joaquín Olona ha asegurado que la voluntad de Aragón y Castilla-La Mancha es llegar a un acuerdo nacional, como pretende el ministro del ramo, Luis Planas, «pero esto no supone ceder a todo». «En este acuerdo hay líneas maestras que vamos a defender», ha advertido.
Semejante posición presenta el titular castellanomachego de Agricultura, que tras destacar que ambas regiones han sido capaces de obviar diferencias y sumar en lo comparten, ha asegurado que muchas de las cuestiones recogidas en el decálogo que este viernes han suscrito en Toledo, que da continuidad al llamado acuerdo de Almagro -firmado en marzo de 2018 en esta localidad-, están reflejadas en los documentos que el ministro está planteando.
No obstante, Francisco Martínez ha pedido «no dramatizar si el acuerdo no es posible» porque para ello «están las mayorías».
