La consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha, Patricia Franco, ha informado de que el Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el cual se regula la concesión de ayudas directas a autónomos y pymes de la región con cargo a la partida estatal de 206 millones de euros para contrarrestar los efectos de la crisis sanitaria en los últimos meses, una normativa que contempla que las sociedades puedan financiar hasta el 40% de sus pérdidas acreditadas desde que arrancó la pandemia en el caso de tratarse de entidades con más de diez trabajadores.
En rueda de prensa, Franco ha detallado que hasta 50.000 pymes y autónomos serán susceptibles de acceder a ayudas de este paquete, y en el caso de la región serán casi 400 sectores los que puedan optar a recibir inyección económica, cuatro veces más de lo que establece la normativa estatal y dando cabida también a sectores como el calzado, el textil o el vino.
En el caso de empresas con menos de diez trabajadores se podrán satisfacer hasta el 20% de las pérdidas acreditadas, siempre y en todo caso vía ayudas finalistas que podrán ser destinadas al pago de deudas, pago de proveedores o pago de salarios pendientes a la plantilla.
Eso sí, estas ayudas contemplan obligaciones para las empresas, que tendrán que tener viva su actividad hasta mayo de 2022, no podrán incrementar retribuciones a cargos directivos en dos años y no podrán repartir dividendos.
CASI 600 MILLONES DE AYUDAS EMPRESARIALES EN PANDEMIA
Franco ha recordado que estos 206 millones se suman a los más de 270 millones ya ejecutados y contemplados en el Plan de Recuperación y los 102 del Plan de Empleo que está en proceso de presentación de solicitudes, en total «más de 580 millones de euros dedicados a la recuperación económica y social de Castilla-La Mancha».
El primer decreto, con más de 206 millones de euros, es el que regula la concesión de ayudas directas a empresas y personas trabajadores autónoma articulados por el Gobierno nacional, de manera que la Comunidad Autónoma se adelanta a la tramitación en el Congreso de los Diputados de este paquete de ayudas.
Hasta la fecha, ha dicho, Castilla-La Mancha es la región «más aperturista» con respecto a estas ayudas, ya que incorpora más de 300 categorías adicionales a lo establecido en el decreto nacional, elevando el total a casi 400.
Estas categorías tendrán que justificar una caída del 30% de su facturación para poder acceder a estas ayudas dentro de un escenario que incluye sectores más allá de lo regulado estatalmente como el calzado, el vino, el textil, las artes gráficas, talleres, transporte, explotaciones ganaderas, cine y edición o medios de comunicación.
Para la ampliación de estos sectores se ha tenido en cuenta el número de trabajadores afectados por ERTEs en la región, algo que «cuenta con amplio consenso» con el resto de sectores.
AYUDAS DE HASTA 400 EUROS A AFECTADOS POR ERTE
De otro lado, ha informado de que se ha aprobado un segundo decreto para las personas afectadas por Expedientes de Regulación de Empleo que no han podido recuperar su puesto de trabajo, medida incardinada en el Pacto por la Recuperación y que tiene por objetivo completar el subsidio por desempleo.
Está dotado con 3,5 millones de euros y estará destinado a aquellos trabajadores que han visto extinguido su empleo si reciben ahora una prestación inferior al Salario Mínimo Interprofesional o no tengan ingresos.
Hay casi 10.000 personas en esa situación en Castilla-La Mancha, lejos de las 140.000 que llegó a haber en pandemia. De ese montante, el 78% tienen acceso a una prestación contributiva y el 50% están por debajo del SMI, «y ese es el escenario al que se va a dirigir, pendientes del mes de mayo».
La ayuda es directa, consta de 300 euros de pago único en caso de trabajadores que no tengan hijos y de 400 si tienen hijos a su cargo. La convocatoria se publicará en próximos días en el DOCM, y los plazos serán de un mes.
Por último, la titular de Economía, Empresas y Empleo ha informado de un tercer paquete de ayudas por el cual se abonarán hasta 10.000 euros de cara a la incorporación de nuevos socios a sociedades cooperativas.
Esta cuantía se elevará a 12.000 euros en el caso de que los nuevos socios sean mujeres o personas con discapacidad, tal y como ha detallado la consejera.
