El Gobierno de Castilla-La Mancha, en su afán de «consolidar la red de servicios públicos» y «reducir» la temporalidad de sus trabajadores, se va a dotar de un plan ambicioso que le va a permitir llegar del 2023 al 2027 a la convocatoria de 10.000 plazas de empleo público en el conjunto de la administración autonómica.
Así lo ha avanzado el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el acto de entrega de los reconocimientos de la IX edición de los Premios a la Excelencia y a la Calidad en la Prestación de Servicios Públicos en Castilla-La Mancha que ha tenido lugar este viernes en Toledo.
En este marco, ha detallado que de esas plazas muchas serán para sanidad y educación y también para la Administración general. «Lo que hay es una renovación de una manera ordenada de la plantilla con el acuerdo de los sindicatos, de manera ortodoxa. Sin trampa ni cartón».
De igual modo, el titular del Ejecutivo autonómico ha adelantado que antes de que acabe el mes de marzo la Administración regional va a convocar 1.583 plazas que, en el conjunto del año, serán casi 2.800. «Y así todos los años», ha asegurado.
«Todo ello con el mayor rigor económico. Lo último que me permitiría como presidente es dejar a los que vengan una herencia absolutamente insufrible», ha defendido García-Page.
Tras reflexionar sobre la necesidad de tener administraciones preparadas para momento excepcionales, y no solo para el día, como ha venido a demostrar la pandemia, el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha ha presumido de que al sistema sanitario de la región la irrupción del COVID-19 le pillo en buen estado. «No hemos tenido ni que improvisar tiendas de campaña ni hospitales ni acelerar obras para abrir hospitales».
«Vamos a terminar la gestión del virus pudiendo decir que el sistema sanitario, aunque con enormes momentos de estrés, mantiene intactas las costuras, no se ha roto ninguna», ha defendido el presidente, que ha reiterado que la crisis más grave de la democracia se está solventando con la medicina contraria a la usada para salvar la del 2007, cuando se despidieron a trabajadores públicos y se recortaron servicios. «Todo ello sin exigir esfuerzo al bolsillo de la ciudadanía y con un presupuesto equilibrado, sin tirar la casa por la ventana».
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MOTOR DE CAMBIO
De su lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, encargado de abrir la entrega de premios, ha reiterado su compromiso con la mejora y la consolidación, por medio de la adecuada financiación, de la administración pública. El objetivo, ha dicho, es ofrecer empleo digno y consolidado, como «motor de cambio y progreso».
Y es que, según has destacado, los casi 80.000 trabajadores públicos que dependen de la Administración regional suponen el 25% por ciento del PIB autonómico, siendo la «mayor empresa» de Castilla-La Mancha. De ahí que haya insistido en que cada decisión que el Ejecutivo adopta respecto a este vasto colectivo repercute en la actividad económica de la región.
De ahí que Ruiz Molina, como también ha hecho el presidente regional, haya lamentado los «estereotipos» que rodean a los funcionarios y que, a su entender, no se corresponden con la realidad. Considera que tanto el COVID como el temporal ‘Filomena’ han servido para reconocer su importancia, pues pese a estas adversidades tan extraordinarias los castellanomanchegos siguieron recibiendo servicios públicos, que no se vieron afectados.
«Si hoy celebramos este acto institucional es para reconocer vuestra inquietud por trabajar mejor. La sociedad sabe premiar todos los días el trabajo que realizáis y me gustaría que así lo trasladaseis a los grupos de trabajo de la administración pública regional».
