El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se declara zona afectada gravemente por emergencia de protección civil a consecuencia de los graves incendios forestales que se han sufrido en 13 comunidades autónomas.
Con esta declaración, según ha informado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, las comunidades autónomas afectadas podrán acceder a ayudas para atender las urgencias y lo más inminente.
En concreto, se ha declarado zona afectada gravemente por emergencia de Protección Civil en la comunidad autónoma de Castilla y León, fundamentalmente por el fuego en Ávila, pero también en Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Islas Baleares, La Rioja, Madrid, Navarra y el Principado de Asturias.
El Ejecutivo ha aprovechado la puerta que dejó abierta el real decreto de medidas para paliar los daños provocados por la borrasca Filomena, e incluye en el acuerdo las inundaciones ocurridas en la Comunidad Valenciana en noviembre de 2020 y en La Rioja en junio de 2021
Se cubre así todas las emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.
La ministra ha confirmado que estas comunidades autónomas serán beneficiarias de ayudas como consecuencia de los incendios que se han producido en estos días para daños materiales pero también para daños personales, en infraestructuras, viviendas, enseres, establecimientos industriales, ganaderos, agrarios, también para personas jurídicas y si los hubiera, para las corporaciones locales afectadas.
En este contexto, ha destacado la «sensibilidad» del Gobierno a estas situaciones «muy dramáticas» y ha reconocido el trabajo de prevención y extinción de incendios en España, que se han visto «muy reforzados» en los últimos años, lo que permite que las labores resulten «más sencillas», gracias a este «esfuerzo colaborativo entre todas las administraciones».
La ministra portavoz se ha referido «especialmente» a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) que con su acierto en la predicción pone el acento e interés en aquellos medios que se puedan poner para prevenir los incendios. En segundo lugar ha valorado el esfuerzo de las unidades de Protección Civil, a las brigadas contra incendios, la Unidad Militar de Emergencias.
A este esfuerzo atribuye que hasta el momento no se ha tenido que «lamentar ninguna pérdida de vida humana».
En esa línea, ha defendido la «sensibilidad» del Gobierno en la lucha contra el cambio climático y ha defendido la «diligencia» de España en la lucha contra los incendios después de haber visto «fenómenos parecidos» en otros países del entorno del Mediterráneo
Por último, la portavoz del Gobierno ha reconocido la reacción de la sociedad civil ante estos hechos cuya colaboración y solidaridad subyace en estos momentos tan complicados.
INCENDIOS E INUNDACIONES
De acuerdo con el Real Decreto, en todos los casos estos incendios alcanzaron tal gravedad que las administraciones competentes (las comunidades autónomas) se vieron obligadas a activar sus respectivos planes de protección en una situación operativa de entidad (niveles 1 o 2), tal y como establece el Plan Estatal General de Emergencias (PLEGEM) aprobado el pasado 15 de diciembre por el Gobierno para acceder a la declaración de ZAEPC.
El Gobierno ha incluido en el mismo acuerdo a la Comunidad Valenciana y a La Rioja por las inundaciones que sufrieron entre los días 4 y 9 de noviembre de 2020 y del 14 al 16 de junio de 2021, respectivamente.
Esta posibilidad parte porque el Real Decreto-Ley 10/2021, de 18 de mayo, de medidas urgentes para paliar los daños causados por la borrasca Filomena, abrió la posibilidad de nuevas declaraciones de ZAEPC por hechos catastróficos acaecidos entre el 1 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021.
En todos los casos el Ejecutivo ha considerado que se trata de emergencias de protección civil de grandes proporciones que han provocado daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados, así como daños en cultivos y explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas.
Sin embargo, los daños aún no han podido ser identificados y cuantificados con la precisión necesaria para determinar las ayudas destinadas a paliar tales perjuicios, por cuanto la fase de recuperación, iniciada inmediatamente después de la de intervención, no ha finalizado todavía.
Aunque el Gobierno no dispone aún de una estimación definitiva de los perjuicios ocasionados por estas catástrofes, el Gobierno ha valorado que la magnitud de sus efectos, las medidas que ha sido necesario adoptar para paliar la grave perturbación de las condiciones de vida de la población y conseguir el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales justifican la intervención de la Administración General del Estado por solidaridad interterritorial y para complementar las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.
Una vez que la Administración General del Estado disponga de una memoria con la estimación de los daños producidos, que realizará en colaboración con el resto de administraciones autonómicas y locales competentes, este acuerdo podrá incorporar otras medidas complementarias a las adoptadas por las administraciones territoriales, a las que corresponde la competencia en materia de protección civil. Entre otras, se estudiará la posible adopción de medidas fiscales relativas al IBI, IAE, IVA e IRPF para compensar las pérdidas ocasionadas.
