También se ha abordado el Anteproyecto de Ley de la FP
Las comunidades autónomas gobernadas por el PP como Madrid, Andalucía y Galicia, así como Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana (esta última del PSPV), han criticado los criterios para el reparto de fondos, y han pedido al Ministerio de Educación y FP flexibilización a la hora de implementar los mismos para que se puedan destinar a las necesidades de cada territorio. Por su lado, regiones como Castilla-La Mancha se han mostrado de acuerdo con los criterios y las cantidades percibidas.
La ministra de Educación y FP, Pilar Alegría, se ha reunido este miércoles con los consejeros de las 17 comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación, donde se ha aprobado la distribución y los criterios de reparto de créditos de Cooperación Territorial por valor de más de 1.486 millones de euros. De estos fondos, validados en Consejo de Ministros en junio y la semana pasada, 1.398 millones proceden de los componentes 19, 20 y 21 del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
A la cita han acudido todos los consejeros de manera presencial, a excepción del de Canarias, que ha estado presente de manera online. Han asistido todos los consejeros del ramo, menos los de Andalucía, Murcia y Madrid, comunidades que han mandado a otros representantes.
Desde Andalucía, se ha insistido en la necesidad de «flexibilizar» la implementación de los fondos europeos para que se puedan destinar a las necesidades de cada territorio, y se ha solicitado fondos específicos para el curso 2021-2022 para cubrir las medidas de carácter extraordinario por la pandemia, según ha explicado la viceconsejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo.
«No estamos contentos porque pensamos que son fondos de la UE y, por tanto, cada comunidad podría haber aportado los proyectos que consideraba más eficientes para su comunidad educativa», se ha quejado la viceconsejera de Política Educativa de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en declaraciones a los medios. Además, Albert ha criticado la cantidad que percibirá la Comunidad, un 10,8% cuando, según ha dicho, le correspondería un 15% por población estudiantil o un 19% por PIB. «Recibimos menos de lo que recibe la Comunidad Valenciana, teniendo dos millones más de habitantes», ha expuesto.
Tampoco País Vasco está contento con el reparto: «Hemos trasladado nuestra actitud crítica porque no ha habido mayor posibilidad para negociar de una manera amplia y respetando esa actitud que trasladaba la ministra de colaboración, hemos trasladado nuestra abstención con respecto a la gestión de los fondos europeos», ha señalado el consejero de Educación del País Vasco, Jokin Bildarratz.
Desde la Comunidad Valenciana, su conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, ha valorado «positivamente» la cantidad que se destinará a la educación de fondos UE, pero ha destacado que «algunos consejeros», como los de País Vasco, Cataluña o Galicia, según ha dicho, han planteado «flexibilización». «Hemos pedido que pudieran ser flexibilizados los criterios de reparto y ejecución», añade el conseller, y así de «poder adaptarlos a la realidad de cada territorio».
OTRAS CCAA, DE ACUERDO
Por el contrario, comunidades como la de Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura, se han mostrado de acuerdo con los criterios de distribución de los fondos así como con las cantidades percibidas.
«Nosotros nos hemos mostrado conformes, algunas comunidades han mostrado que no estaban tan conformes con esa distribución, nosotros creemos que sí, hay que entender que son fondos europeos y van destinados a dos cuestiones que son plenamente reconocibles: el desarrollo y modernización de los centros a través de la digitalización y para aquellos que son más vulnerables», ha afirmado la consejera de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, Rosa Ana Rodríguez.
Desde el Gobierno de Aragón, el consejero de Educación, Felipe Faci, ha afirmado que la valoración sobre el tema de los fondos ha sido «positiva», destacando también el «amplio consenso por parte de todas las comunidades autónomas». «No podemos estar al margen», ha advertido.
También valora positivamente la distribución y criterio de reparto de los fondos la consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, ya que considera que estos fondos extraordinarios de la UE son «muy necesarios para la transformación» del sistema educativo de la región. «Estamos muy satisfechos», ha celebrado.
ANTEPROYECTO DE LEY DE LA FP
Además de los fondos, la ministra ha abordado también con los consejeros el Anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, un proyecto que, en general, suscita algo más de consenso entre los territorios.
Este Anteproyecto de Ley fue presentado en primera lectura en Consejo de Ministros el pasado 15 de junio y ha seguido recabando aportaciones desde entonces. La semana pasada, la ministra presentó el proyecto en el Pleno del Consejo General de la Formación Profesional y en el Pleno del Consejo Escolar del Estado, y este martes lo hizo en la Conferencia Sectorial del Sistema de Cualificaciones y Formación Profesional para el Empleo.
Desde la Comunidad de Madrid, la viceconsejera ha solicitado a la nueva ministra un mayor clima de colaboración y de entendimiento, además de que se tenga en cuenta las propuestas realizadas por las comunidades autónomas. Según asegura, hasta el momento, el anteproyecto de Ley de FP presentado por el Ministerio no recoge ninguna de las sugerencias, mejoras o rectificaciones planteada por las comunidades a esta normativa. «Nuestra posición no es favorable hasta que no veamos incorporado lo que hemos solicitado», manifiesta Rocío Albert.
También ha mostrado discrepancias la consejera de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, que ha expuesto en la Sectorial que, aunque comparte la convicción que queda reflejada en el anteproyecto de Ley de FP sobre el papel «clave» que deben jugar estas enseñanzas en el presente y el futuro de los jóvenes para el acceso a un mercado laboral cada vez más complejo, considera que la normativa, «siendo oportuna», dibuja un horizonte «cortoplacista» y adolece de «falta de determinación».
Asimismo, la Xunta de Galicia demanda una mayor participación en la elaboración de la nueva ley de FP, con el fin de corregir los defectos que, a su juicio, presenta el anteproyecto para que así «no se convierta en una nueva ley Celaá».
En cualquier caso, la mayoría de territorios ven con buenos ojos el Anteproyecto de Ley. «Es una ley que nosotros aplaudimos, nuestra opinión es favorable», señala la consejera extremeña, mientras que desde Aragón y País Vasco ponen el foco en que el proyecto normativo está alineado con las políticas que se quieren llevar a cabo en sus respectivas comunidades.
«Es una ley que Castilla-La Mancha va a apoyar incondicionalmente. Hemos mostrado cada uno nuestras opiniones, y en general hay consenso en que el anteproyecto es transformador», comenta la consejera manchega. También desde la Comunidad Valenciana resaltan que la valoración de este borrador es «muy positiva», según ha afirmado su conseller, que también ha subrayado que «ahora es buen momento» para modernizar la FP.
Por su parte, la ministra ha reiterado su voluntad de buscar el consenso y el diálogo en el proceso de consolidación del nuevo modelo de FP impulsado por el Ministerio. «La cooperación entre administraciones no solo es un cauce obligado de colaboración institucional, sino que es también el mejor mecanismo para enriquecer y mejorar la gestión del sistema educativo en beneficio de toda la ciudadanía –ha dicho–. Trabajemos juntos, desde la lealtad institucional, y con la convicción de que desde la unidad contribuiremos a mejorar la educación y la vida de todas las personas».
