La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este miércoles que a partir del 10 de mayo será posible afrontar la gestión de la pandemia a través de las decisiones «de obligado cumplimiento» del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), ya que así lo avaló recientemente el Tribunal Supremo, según ha defendido.
Asimismo, Calvo ha asegurado que este hecho, sumado a las competencias en materia de salud que tienen las comunidades autónomas y la legislación sanitaria vigente, «permite muchas respuestas», sin necesidad de modificar ninguna legislación. De este modo, ha vuelto a rechazar la petición del PP de desarrollar un «plan b jurídico» para dar sustento a los gobiernos autonómicos.
Es decir, el Gobierno afronta esta nueva etapa convencido de que es posible afrontar esta nueva fase sin estado de alarma si se consigue «una combinación perfecta, lo más coordinada, eficiente y lealmente posible de unas instituciones con otras», sin confrontación entre Ejecutivos, y con los esfuerzos volcados en la vacunación.
«No hay que modificar ninguna legislación, no hay que añadir nada para afrontar el 10 de mayo. El 10 de mayo tenemos instrumentos ordinarios para que a cada paso que vayamos dando, se puedan resolver con el acuerdo continuo de coordinación de las comunidades autónomas y el gobierno, sabiendo que las acciones coordinadas las tenemos que cumplir», ha afirmado.
Así lo ha asegurado al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa que ha ofrecido en Mérida junto al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con motivo de su visita oficial a esta comunidad.
Según Calvo, el Gobierno ha decidido no prorrogar más allá del 9 de mayo el estado de alarma porque «no se puede tener una situación indefinida de esta naturaleza», y porque existen instrumentos suficientes para hacer frente a la pandemia, ahora que ya ha bajado la incidencia, que además ya se usaron en el verano de 2020, antes de que se volviera declarar el estado de alarma.
«LO TENEMOS ENSAYADO»
«Lo tenemos ensayado, y con buena respuesta de nuestros tribunales, como la que ha dado el Tribunal Supremo no hace más de diez días. Con toda esta capacidad de respuesta jurídica y política estamos preparados para afrontar el día siguiente de la desaparición del estado de alarma», ha zanjado.
Al ser preguntada de nuevo por este asunto, Calvo ha defendido que el Gobierno ha decretado el estado de alarma cuando ha sido necesario, por los datos de incidencia, «para tomar decisiones que afectaban a derechos fundamentales».
Pero una vez que ha bajado la incidencia, y que el proceso de vacunación cada vez va más rápido, el Ejecutivo considera conveniente que ese instrumento excepcional del estado de alarma decaiga, y que las comunidades tiene los instrumentos suficientes para hacer frente a la situación.
La clave, según Calvo, será trabajar para que funcione perfectamente la «combinatoria» de las competencias de las comunidades y los acuerdos que se adopten de forma coordinada en el Consejo Interritorial, teniendo en cuenta, eso sí, que estos deben cumplirse obligatoriamente. «El Tribunal Supremo acaba de decir que las acciones coordinadas son de obligado cumplimiento», ha enfatizado.
«Haremos el trabajo de escucharnos unos a otros para entender en todo momento a nuestro país, para saber en todo momento qué podemos decir, sabiendo que una vez decidido, lo tenemos que cumplir todos, y en segundo lugar, tenemos una legislación sanitaria que permite muchas respuestas», ha insistido después.
