El Gobierno de Castilla-La Mancha está a la espera que la interpretación del Ministerio de Hacienda sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que ha anulado el Impuesto sobre el Incremento del Valor (plusvalía) de los terrenos de naturaleza urbana cuya regulación se incluye en el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para conocer «cuál es la afección real» y ha confiado en que esa modificación «no perjudique la financiación de los ayuntamientos».
A preguntas de los medios, tras dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, ha recordado que el Partido Popular fue quien modificó la ley y los artículos que el Tribunal Constitucional declara inconstitucionales por lo que ha pedido a los ‘populares’ que den explicaciones «en lugar de intentar imputar esa inconstitucionalidad al Gobierno actual».
«La ley la modificó el PP en tres ocasiones», ha recalcado, confiada en que los ayuntamientos no se vean afectados, teniendo en cuenta que también el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy «dejó pendiente la financiación municipal, caducada desde hace años» y que «una manera de intentar acallar bocas fue esta reforma de la plusvalía chapucera» que ahora el TC ha tenido que declarar inconstitucional.
REFORMA LABORAL
De otro lado, preguntada por el debate en torno a la reforma laboral, Fernández ha destacado que, más allá del «ruido», si se quiere actuar con sensatez y lealtad hay que hacer posible que el crecimiento económico sea sostenido y que tenga rendimiento en la economía familiar.
A su juicio, hay que «sustentar el crecimiento económico y apoyar al tejido empresarial» pero «sobre un mercado laboral precarizado no podemos pretender una economía saneada», ha asumido, considerando que hay que entender las distintas sensibilidades pero consciente de que «lo que le corresponde al Gobierno es equilibrar esos dos objetivos».
Según la portavoz castellanomanchega, «el gran interés general es que la economía esté bien, cada día mejor, pero que a su vez haya un mercado laboral justo que permita a la clase trabajadora vivir con dignidad. A eso están obligados tanto Gobierno de España como agentes sociales», pero para ello «hay que pactar el objetivo» y luego la hoja de ruta y cómo se llega ahí.
