La Audiencia provincial de Ciudad Real tiene previsto juzgar los días 7, 8 y 9 de septiembre a los once acusados de traficar con drogas –cocaína y cannabis y MDMD– principalmente en Tomelloso, pero también en otras localidades de la provincia e incluso de otras como Albacete, Madrid y Jaén. Unos hechos que la Fiscalía considera constitutivos de sendos delitos contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño ala salud.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, remonta los hechos a julio de 2017 cuando en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Tomelloso una prostituta y consumidora de cocaína denunció que uno de los acusados, R.R.T., con el que contactaba a través de varias redes sociales, la había agredido porque le debía 80 euros por dos dosis de cocaína que el acusado le había proporcionado.
A raíz de esta denuncia, explica el escrito, se inició una investigación para comprobar si se estaba cometiendo un presunto delito contra la salud pública. Iniciándose las pesquisas en observar y seguir a R.R.T, se llegó a la conclusión de que este y su hijo, también acusado se dedicaban al tráfico de drogas, principalmente cocaína y marihuana, siendo el modus operandi la distribución de tales sustancias en los prostíbulos y zona de ocio de Tomelloso, pero también a domicilio.
El escrito también apunta que estos dos acusados se proveían de las sustancias en el piso de un tercero, R.A.D.D. y este a su vez les puso en la pista del que le suministraba a él en Madrid, R.J.D.P., y otro proveedor en la localidad de Parla, E.R.
Además de los múltiples desplazamientos realizados por R.A.D.D. también, precisa el escrito, puso en la pista a la Guardia Civil de hasta cinco individuos a los que suministraba drogas con el fin de su distribución, tanto en su propio domicilio como en los de los distribuidores.
El escrito detalla que se efectuaron registros en los domicilios de los once acusados, donde se encontraron diferentes sustancias en cantidades variables, dinero, teléfono s móviles así como diferentes objetos destinados a preparar dosis para su distribución. Además de las penas de prisión, la Fiscalía ha solicitado multas que oscilan entre los 700 y los 84.000 euros.
