El sector productor de la Denominación de Origen Valdepeñas, integrado por las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG, UPA y por las cooperativas agroalimentarias anuncian su intención de causar baja en la Junta Directiva de la DO Valdepeñas, ante la imposibilidad de poder cambiar el rumbo y el funcionamiento de la misma que durante los últimos años se ha visto sometida a una paralización casi total de su capacidad de gestión por la “guerra comercial” abierta entre las principales empresas que conforman dos de sus principales asociaciones de la rama comercializadora (ASEVIVALDEPEÑAS Y AVIVAL); enfrentamiento que ha subido de intensidad en los últimos meses con numerosos reproches y denuncias cruzadas entre los mismos operadores acusándose recíprocamente de graves irregularidades en la comercialización de los vinos, en especial, en el etiquetado identificativo de la calidad del vino conforme a las normas contenidas en el pliego de condiciones para los vinos con Denominación de Origen Valdepeñas.
Han sido las propias denuncias cruzadas entre las principales empresas comercializadoras, las que les llevaron al sector productor a verse en la obligación de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades regionales competentes en materia de control y certificación de los vinos sujetos a la denominación de origen que han desembocado en diversos expedientes sancionadores, y ante la propia Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ciudad Real que ha acordado que se continúen las investigaciones ante la Audiencia Nacional.
Cambios en los estatutos para desbloquear la situación y corregir las irregularidades frente al consumidor
Además, el sector productor ha intentado promover numerosas medidas y acuerdos dentro de la Junta Directiva para revertir esta situación y garantizar tanto la calidad como la trazabilidad de sus vinos frente al consumidor, pero sin obtener resultado alguno dada la configuración de mayorías prevista en los Estatutos de la interprofesional y la actual distribución de votos entre las dos ramas que conforman su Junta Directiva que asegura un “derecho de veto” a favor de una de las asociaciones que componen la rama comercializadora que impiden el funcionamiento democrático de dicho órgano, limitando totalmente la capacidad de gestión al no poder adoptarse ningún acuerdo que implique cambios sustanciales en el devenir de las cosas y que ayuden a corregir el presunto fraude que, entendemos, se está causando al consumidor.
El sector productor ha exigido que se tomen medidas urgentes para que las presuntas irregularidades no se extiendan más en el tiempo y para ello exige cambios en los estatutos que permitan desbloquear la situación y recuperar la capacidad de gestión de la junta directiva, de manera que en el caso de que el próximo día 24 de julio de 2020 no se hayan producido los cambios exigidos, se verían obligados a solicitar en dicha fecha la baja definitiva en esta asociación interprofesional, que quedaría sin representación del sector productor.
Petición de control en la normativa y tutelaje a la Consejería de Agricultura
De la misma manera, instan a la Consejería de Agricultura, que es quien tiene las competencias en el control y la certificación de los vinos, que igualmente adopte las medidas oportunas para garantizar que las industrias cumplen con la normativa y disponen de las instalaciones necesarias y suficientes para la certificación de la aptitud de sus vinos y el uso de las contraetiquetas; tutelando y/o asumiendo la gestión de la interprofesional en el caso de que no se garantice su normal funcionamiento a futuro.
En definitiva, el sector productor considera que no puede seguir siendo mero observador de lo que está ocurriendo en la DO, sin capacidad alguna de poder cambiar las cosas y sin que exista la transparencia mínima exigible.
