El Consejo de Gobierno ha aprobado dos convocatorias de atención a personas con discapacidad, con un montante total de 59 millones de euros, para financiar los gastos de los recursos y servicios de atención a personas con discapacidad dirigidos tanto por corporaciones locales como por entidades privadas.
Así lo ha explicado este jueves la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en rueda de prensa, en la que ha señalado que, en concreto, la convocatoria tiene como objetivo sufragar los costes de personal, mantenimiento y atención a estas personas en dichos recursos.
La primera de estas convocatorias es la dirigida a los ayuntamientos, con un total de 6,7 millones de euros. Aurelia Sánchez ha explicado que, como mínimo, habrá 30 ayuntamientos beneficiarios de esta línea, ya que son los que han concurrido a la convocatoria de este año.
En concreto, los recursos que estarían incluidos se dividen en 9 centros residenciales, 22 centros ocupacionales, 15 centros de día y 6 centros de atención temprana, que en total suman la atención a más de 1.500 familias.
La segunda de estas ayudas, dirigida a entidades privadas, contará con una cuantía de 52,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 30 por ciento en los últimos cuatro años.
La consejera ha señalado que habrá al menos 194 entidades beneficiarias, que gestionan un total de 91 recursos de día, 111 recursos de carácter residencial y 45 centros de atención temprana y desarrollo infantil, de los que se benefician unas 10.000 familias.
Para Sánchez, esta convocatoria es «una muestra de la consolidación de la red de recursos de atención a personas con discapacidad» y del compromiso del Gobierno regional con todo el sector.
COMISIÓN DE DIÁLOGO CIVIL
Por otro lado, el Gobierno también ha aprobado el proyecto de decreto de la Comisión de Diálogo Civil con el Tercer Sector de Castilla-La Mancha, un proyecto que tiene la idea de regular la composición y el funcionamiento de este órgano.
La consejera ha explicado que este es un órgano colegiado cuya finalidad es dotar de un marco institucional de colaboración entre la Administración regional y la Mesa del Tercer Sector Social, para así impulsar «un foro de diálogo continuo» entre ambas partes que sirva para coordinar las acciones que tienen que ver con la inclusión social y la lucha contra la exclusión social y la pobreza.
Esta comisión, ha continuado Aurelia Sánchez, esta compuesta por 20 miembros, con igualdad en el número de miembros de la Administración y del Tercer Sector y con una participación equilibrada de hombres y mujeres.
