El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca ha instado a las entidades bancarias, fondos de inversión y empresas inmobiliarias que denuncien judicialmente la ocupación ilegal de muchas las viviendas vacías que tienen en la región, pues al no reclamar como propietarios el abandono de esas residencias «no se manifiestan de forma expresa contra la ocupación» y «no se puede actuar» contra un fenómeno que, según ha dicho la presidenta de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Tita García Élez, se ha convertido en un «problema social» en la región.
Así lo ha verbalizado el representante del Gobierno central en la región durante la rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Toledo tras reunirse con la presidenta regional de FEMP, la directora general de Vivienda de la Junta de Comunidades, Inés Sandoval, el presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez y el vicepresidente de la de Guadalajara, así como los munícipes de Yuncler y Horche, al ser los corredores de La Sagra y del Henares las zonas de la comunidad más afectadas por este fenómeno de «incidencia desigual».
Tierraseca, que ha dicho no disponer del dato exacto de viviendas que han sido ocupadas de modo ilegal en la región, pues no existe un censo, ha indicado que «entre enero de 2019 y febrero de 2020, las denuncias judiciales por ocupación de vivienda en toda Castilla-La Mancha fueron solo 134».
«Esta cifra no es real. Hay más ocupación ilegal, pero la inmensa mayoría de las instituciones financieras y fondos de inversión no denuncian la situación de ocupación de sus viviendas porque, en muchos casos les sale más rentable asumir los desperfectos que poner en marcha sus gabinetes jurídicos para defender las propiedades», ha lamentado Tierraseca, que ha alertado de que esta «dejación de funciones afecta gravemente al conjunto de la comunidad» de los municipios que lo sufren.
Por ello, tras insistir en pedir a estas entidades que denuncien esas ocupaciones, al igual ha dicho que ha hecho el Gobierno regional en el caso de las viviendas de la calle Yedra de Toledo, ha precisado que este tipo de propietarios -las entidades bancarias, fondos de inversión o inmobiliarias- tienen la «obligación de favorecer la convivencia y mantener esas propiedades en condiciones aceptables» para garantizar la convivencia vecinal.
Al margen de esta petición, el delegado del Gobierno ha admitido la necesidad de elaborar un censo de las viviendas ocupadas en la región, para lo que es preciso que se denuncie, y ha reconocido la «dificultad» de luchar contra este fenómeno por las leyes vigentes.
Tras hablar de posible «reforma» normativa, preguntado por los medios sobre qué leyes habría que cambiar, ha dicho que él como representante del Gobierno central y director de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región tan solo se limita a «hacer cumplir la ley», por tanto los cambios legislativos que se tengan que realizar los deja al poder que corresponde, en este caso, el poder legislativo y a «aquellas instituciones que políticamente puedan realizar esas propuestas».
Dicho esto, y tras admitir que la ocupación es un «problema» ha querido mandar un mensaje a los castellanomanchegos a los que ha dicho que «con la ley en la mano se van a perseguir todas las ocupaciones», y que en esta acción, sin duda, va a ayudar el hecho de que el Gobierno central haya aprobado una amplia oferta de empleo público para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por segundo año consecutivo, con una tasa de reposición del 125%.
PROBLEMA DE 12 AÑOS
Mientras, la responsable de la FEMP en Castilla-La Mancha ha asegurado en la rueda de prensa que se ha ofrecido al término de la reunión que la ocupación se ha convertido en un «problema social», pues ha aseverado que muchos municipios de la región la llevan sufriendo «desde hace 12 años», y que la institución que preside «tiene mucho «que aportar en este asunto.
En este sentido, García Élez, ha coincidido con Tierraseca en la necesidad de elaborar, de forma coordinada entre las administraciones implicadas, un censo de viviendas ocupadas en Castilla-La Mancha «y un cambio de normativa», aunque preguntada por los medios tampoco ha precisado que leyes habría qué modificar.
SUMAR AL PODER JUDICIAL
Voluntad de colaboración ha expresado también la responsable regional de Vivienda, que ha defendido que las administraciones han de trabajar de forma coordinada para dar una respuesta «contundente» ante el «incremento de la ocupación ilegal en unas zonas de la región que están tensionadas» por ello pues, al margen de la vulneración del derecho a la propiedad privada, este fenómeno supone un «serio problema de convivencia vecinal».
Así las cosas, y luego de reconocer el «duro y poco reconocido trabajo» que están llevando a cabo muchos alcaldes de la región afectados por la ocupación ilegal de viviendas en sus municipios para combatir esta práctica delictiva, ha admitido que en este impulso de las administraciones también ha de estar la de justicia.
