El Gobierno ha decidido continuar con el aplazamiento de todas las pruebas selectivas presenciales y que tengan una concurrencia masiva por el tiempo que resulte «imprescindible», aunque ha garantizado la continuidad de la actividad pese a la crisis sanitaria y económica desatada por el Covid-19.
Así lo ha trasladado la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, durante una comisión en el Congreso de los Diputados, donde ha informado de todas actuaciones llevadas a cabo por su Departamento durante los últimos dos meses de estado de alarma.
«Se pospone la celebración de pruebas selectivas presenciales y de concurrencia masiva por el tiempo que resulte imprescindible, aunque se garantiza la continuidad de los procesos», ha informado la ministra al resto de representantes de partidos políticos presentes en el Congreso.
No obstante, Darias ha avanzado que, en cuanto finalice la suspensión de los plazos administrativos decretada por la situación de estado de alarma para frenar la expansión del coronavirus entre la población, los procesos selectivos se podrán tramitar con carácter ordinario.
Mientras tanto, durante estos dos últimos meses, todas las unidades del Ministerio han mantenido su trabajo de manera ordinaria, tanto de forma presencial y no presencial, y han adoptado nuevos mecanismos para reuniones y nuevos ámbitos de trabajo, con celebración de videoconferencias, la flexibilización de horarios o anticipando medidas que formaban parte del itinerario de la legislatura y que se mantendrán de forma permanente.
En concreto, la ministra ha señalado un conjunto de más 60 medidas que han tenido como objetivo el «salvar vidas, proteger la salud de las personas y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos».
Según los datos aportados por la ministra, actualmente hay cerca de 50.000 efectivos en la en la Administración General del Estado (AGE) prestando servicios de manera presencial, más de 110.000 trabajando de forma no presencial y poco más de 3.000 se encuentran en aislamiento, lo que supone un 27,7%, 62,18% y 1,76%, respectivamente, sobre el total de la plantilla.
REFUERZO CON 1.540 CONTRATACIONES
Debido a que algunas áreas esenciales de la función pública se encuentran sobrecargadas para hacer frente a esta crisis, especialmente en materia de sanidad y empleo, el Ministerio ha tomado medidas para reforzar el personal con cupos de contratación en estos ámbitos.
En este sentido, ha autorizado con carácter urgente la contratación de 1.540 empleados destinados al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Cuerpos de Médicos Titulares y Enfermeros Escala de OO.AA. y servicios de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.
También para el Cuerpo de Médicos Titulares del Ministerio de Sanidad, Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria; Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).
Además, el Ministerio ha reforzado los Cuerpos de Gestión, Administrativo y Auxiliar de la Administración Civil del Estado; Cuerpos Nacional Veterinario y de Ingenieros Agrónomos del Estado, Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) y el Centro de Seguimiento y Coordinación de Emergencias del Ministerio del Interior. Asimismo, ha autorizado la contratación de personal laboral y estatutario para la Red Hospitalaria de Defensa y el Centro Militar de Farmacia.
A su vez, Función Pública ha autorizado 288 jornadas para la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, el Instituto Social de la Marina, empresas del grupo Mercasa, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España y ha reforzado los medios humanos de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad, con la puesta a disposición de expertos jurídicos para la Subsecretaría de Sanidad.
CASI 780 VOLUNTARIOS
La ministra también ha informado de una regulación que plantea la posibilidad de colaboración de empleados públicos en áreas y actividades, distintas de las de su puesto de trabajo, de forma que, sin alterar su situación administrativa, ni sus retribuciones o las condiciones de su contrato, puedan colaborar de forma voluntaria.
En concreto, se trata de apoyar en aquellas áreas y actividades, distintas de las de su puesto de trabajo, de carácter socio-sanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada por la pandemia. En este momento, el número actual de empleados que se encuentran en esta situación es de 779.
FASE DE DESESCALADA
Respecto a la organización del Departamento de cara al proceso de desescalada en la AGE, un acuerdo con los sindicatos ha mantenido como prioritario la actividad no presencial, sin menoscabo de jornada, horario o retribución, mientras que ha hecho prioritaria la atención telefónica y otras formas no presenciales de atención al público y que, en caso de ser presencial, tendrá que ser con cita previa y limitando el aforo.
Darias también ha avanzado que «en breve» convocará la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (Carue), tras un acuerdo procedente de la última conferencia de presidentes, celebrada el pasado domingo, para tratar la implicación de la Unión Europea (UE) en esta crisis, de forma que se celebrará en torno a los días 25 o 26 de este mes, según ha asegurado la ministra.
