El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha, con los votos a favor de Cs, en contra del PSOE y la abstención del PP, ha rechazado la Proposición No de Ley de la formación naranja para instar al Gobierno regional a auditar las listas de espera sanitarias por parte de una comisión externa al Ejecutivo y que cuente con la participación de los colegios profesionales, representaciones sindicales, sociedades médicas, asociaciones de pacientes y profesionales de probado prestigio.
El fin, recoge el texto, es el de determinar el estado real de las listas de espera en el sistema sanitario público de la región que sirva como base para detectar las causas de las demoras y facilitar las soluciones que garanticen un servicio sanitario de calidad en el sistema sanitario público de Castilla-La Mancha.
Ha sido la diputada de Cs Úrsula López la encargada de defender esta propuesta de su grupo parlamentario durante una intervención en la que ha insistido en que la sanidad en Castilla-La Mancha es «mejorable» y ha advertido del incremento en las listas mes a mes.
Tras dejar claro que ella no sube a la tribuna para «desprestigiar» al sistema sanitario público, tal y como le ha acusado el diputado socialista Ángel Tomas Godoy, ha afirmado que no hace falta dar datos en relación a las listas de espera porque todos los que son usuarios de la sanidad pública de la región saben que para pedir cita con el médico de Atención Primaria se tarda días.
Asimismo, ha acusado al Gobierno socialista de «politizar» la sanidad pública, «uno de los pilares del Estado de Bienestar», y ha dicho que, si confía en las listas que publica, no le debería preocupar que se realice una auditoría externa e independiente.
PP ACUSA A LA JUNTA DE INCUMPLIR LA LEY
De su lado, el diputado del PP Juan Antonio Moreno Moya ha coincidido con Cs en que hacen falta profesionales sanitarios tanto en Atención Primaria como en atención hospitalaria, pero cree que los profesionales de la sanidad tienen poco tiempo para ponerse a auditar las listas de espera. «No es el momento adecuado para ello».
También ha pedido al Gobierno castellanomanchego que «se sensibilice con la situación real de las personas» y, en concreto, al consejero del ramo, Jesús Fernández, le ha instado a buscar una solución para ayudar a las familias de esta región.
Igualmente, ha acusado al Ejecutivo regional de «incumplir» la ley y de «falsear» las listas de espera «sin pudor ninguno», al tiempo que ha apuntado que Castilla-La Mancha es la región que más tiene que esperar para ser intervenida una persona a partir de los 180 meses de plazo que establece la ley.
PSOE DEFIENDE LA TRANSPARENCIA
Por su parte, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy ha recordado que esta propuesta de Cs no es nueva y ha reprochado a la oposición que aprovechen este debate de las listas para «desprestigiar» el sistema sanitario público y «arañar votos».
Ha defendido que el Gobierno socialista es «transparente» a la hora de publicar las listas de espera y ha echado en cara a Cs que, a la hora de hacer pactos con el PP, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, la sanidad no haya sido lo más importante para ellos.
También ha arremetido contra los dirigentes del PP, a quienes, ha dicho, solo les interesa la salud cuando no gobiernan. «No les gusta que digamos lo que hicieron ustedes cuando gobernaron porque les molesta que los ciudadanos puedan comparar», ha afirmado Godoy, quien ha indicado que el PP no publicaba las listas y cuando lo hacía, era «imposible» acceder a los datos.
Ha cerrado el debate el consejero de Sanidad, quien ha dejado claro que las listas de espera «no están escritas» por él ni por el Gobierno socialista, sino que se actúa conforme a lo establecido en la ley, donde se recogen los criterios para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el sistema nacional de salud, que no en esta comunidad.
Se ha alegrado Sanz de que Castilla-La Mancha se sitúe como la comunidad con menor tasa de morbilidad, es decir, de enfermedad, y de que en Castilla-La Mancha el 92,6 por ciento de los problemas de salud de los ciudadanos se resuelven en hospitales y centros sanitarios públicos y solo un 7,4 por ciento en el ámbito privado.
