Las mascarillas que se distribuirán en las oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha, dentro de las recomendaciones a la ciudadanía promovidas desde la Consejería de Sanidad en el marco del inicio progresivo del desconfinamiento, tendrán un precio de venta al público de entre 1 y 1,2 euros -el paquete de tres mascarillas higiénicas no reutilizables- en función del tipo de tarjeta sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), mientras que las personas jubiladas no tendrán que abonar ninguna cantidad.
Las mascarillas se entregarán a todas las oficinas de farmacia de Castilla-La Mancha que las dispensarán de acuerdo a las condiciones establecidas en el convenio o acuerdo que suscriban el Sescam y el Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha.
El número máximo de mascarillas que se podrán dispensar será de tres mascarillas higiénicas no reutilizables para las personas con 13 años o más y una mascarilla higiénica reutilizable infantil para personas de 3 a 12 años, ambos inclusive, sin perjuicio de entregas posteriores.
El precio de venta al público para el ciudadano en la dispensación de paquete de tres mascarillas higiénicas no reutilizables oscilará entre 1 y 1,2 euros. Para los asegurados y beneficiarios de Muface, Isfas y Mugeju que no dispongan de tarjeta sanitaria, el precio del paquete será de 1,2 euros.
El precio de venta al público para el ciudadano en la dispensación de las mascarillas higiénicas reutilizables infantiles variará entre 1,5 y 2 euros. Para los asegurados y beneficiarios de Muface, Isfas y Mugeju que no dispongan de tarjeta, el precio del paquete será de 2 euros.
Los precios podrán modificarse en función del importe máximo de venta al público fijado a nivel estatal y las revisiones periódicas que realice el Sescam en base a los precios de mercado. Las mascarillas se entregarán empaquetadas previamente en formato impreso con información de uso y logos corporativos.
La ejecución de este programa se encarga al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha que debe asumir a cargo de su presupuesto su desarrollo en las condiciones previstas.
Las medidas previstas en esta Resolución tendrán una duración máxima de seis meses, sin perjuicio de que se prorroguen en función de las necesidades organizativas y asistenciales derivadas de la evolución de la crisis sanitaria.
