La plataforma Más Plurales, de la que forman parte sindicatos, asociaciones de familias, empresas y organizaciones educativas del sector de la concertada, ha convocado para este domingo una nueva concentración de vehículos por todas las ciudades de España, al igual que sucedió el pasado 22 de noviembre.
Se trata de la sexta movilización de la plataforma –la última fue este miércoles frente a las puertas del Senado– antes de que la Lomloe, la reforma educativa más conocida como ‘Ley Celaá’, y a la que se opone firmemente esta plataforma, sea sometida a debate y votación el próximo 23 de diciembre en el Pleno del Senado.
El dictamen de la Comisión de Educación de este viernes es el que se votará el próximo miércoles en el Pleno del Senado, donde el Gobierno necesita mayoría absoluta de la Cámara al tratarse de una Ley Orgánica, un umbral asumible para el PSOE dado que los grupos que apoyaron la norma en el Congreso también alcanzan la mayoría absoluta en el Senado.
La Ley solo tendría que volver al Congreso si el Pleno del Senado aprobase alguna enmienda ‘viva’ –enmiendas que no se aprobaron en Comisión–. De momento, el Congreso mantiene abierta la posibilidad de un último debate el próximo 29 de diciembre.
El redactado de la ‘Ley Celaá’ contempla no ceder suelo público para escuelas concertadas, la prohibición de que los concertados segreguen por sexo y la eliminación del criterio de «demanda social» de los concertados al priorizar el aumento de plazas públicas, entre otras cuestiones.
Para Más Plurales, la supresión de la «demanda social» de los centros privados sostenidos con fondos públicos «deja vía libre para que la Administración suprima aulas en los centros concertados y las abra únicamente en centros públicos», lo que para ellos supone un «ataque a la libertad» porque entienden que se vulnera el derecho de las familias de elegir centro para sus hijos.
Pero además, la Plataforma ha expresado su preocupación por lo relativo a la asignatura de Religión, que seguirá siendo de oferta obligatoria y de carácter voluntario para los alumnos, pero que como novedad no contará para la nota media, al no tener una asignatura alternativa. La Plataforma considera que este cambio «relega la Religión al estatus de asignatura de segunda, que ocupará un lugar decorativo y secundario en el currículum escolar».
Sus protestas también se han centrado en torno a cómo quedaría la educación especial con la LOMLOE, la cual dice que en el plazo de 10 años los centros ordinarios deberán contar «con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», lo que la Plataforma interpreta como el cierre de estos centros.
La derecha española (PP, Cs y Vox), que votó en contra de la norma en el Congreso, también ha iniciado su propia campaña de desprestigio de la ‘Ley Celaá’, por lo que en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a esta Plataforma. De hecho, las tres formaciones ya anunciaron que recurrirían la ley ante el Tribunal Constitucional en caso de llegar ésta a aprobarse, lo que previsiblemente sucederá.
