El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado cinco enmiendas al proyecto de Ley de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha, entre las que se recoge su propuesta para que los perros que acompañan a las víctimas de violencia de género, conocidos como ‘pepos’.
Esta ha sido una de las propuestas que quedarán reflejadas en sus enmiendas al texto, según ha afirmado el presidente de este grupo parlamentario, Alejandro Ruiz, que ha indicado que esta propuesta va en la línea de la figura de los perros guía que acompañan a las personas con discapacidad visual.
También reclamarán en sus enmiendas que la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) esté incluido en el observatorio para la seguridad animal, ya que, a su parecer, es un «contrasentido» que la Institución académica no esté representada en este órgano que «tiene conocimiento de primera mano» de este ámbito.
Entre las prohibiciones que recoge la ley para exhibir animales en locales de ocio o diversión, Ciudadanos añade que se debe prohibir «a excepción de la exhibición destinada a fomentar la adopción de animales de compañía», tal y como consta en las enmiendas presentadas por la formación naranja, recogidas por Europa Press.
Asimismo, quieren que las circunstancias para causar la muerte a un animal por razones sanitarias, de seguridad o por enfermedades de carácter zoonósico, serán constatadas en cada caso por funcionarios y funcionarias pertenecientes a la Especialidad de Veterinaria de la Escala Superior de Sanitarios Locales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, adscritos a la Consejería competente por razón de la materia, que emitirán informe motivado al respecto, y no por la Consejería competente, como se indicaba en el texto.
Respecto a la gestión de colonias felinas, que en el texto se relaciona con la Consejería competente en materia de bienestar animal, Ciudadanos aboga por que los ayuntamientos podrán constituir o autorizar la gestión de colonias felinas controladas, a partir de poblaciones existentes de gatos no identificados que vivan en la calle.
Asimismo, añaden en este apartado de la ley que la gestión de las colonias podrá consistir en la captura, control sanitario de los animales, esterilización, identificación y marcaje de forma visible, preferiblemente en la oreja, y suelta en su correspondiente colonia de origen; la identificación y censo se realizará a nombre del ayuntamiento respectivo, al que compete la vigilancia sanitaria y el control de estas poblaciones.
Cuando las constituyan particulares o entidades de defensa de los animales, requerirán una autorización municipal previa, siendo éstos responsables de garantizar el mantenimiento de las condiciones higiénico-sanitarias y de salubridad especificadas y que, en su caso, se establezcan en dicha autorización, recoge la formación naranja en esta enmienda.
LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES
Asimismo, este grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 10/1999 de creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha.
Ruiz ha detallado que su grupo propone que se recoja la actividad sancionadora de la Administración regional para luchar contra el intrusismo profesional. Ha defendido esta medida porque «los colegios profesionales han sido los grandes olvidados», ya que se les ha «machacado a impuestos» y «no se les ha dado fondos». «Es necesario romper una lanza a favor de los colegios profesionales», ha defendido.
En el texto se detalla que «será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones colegiadas hallarse incorporado al colegio profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal».
Ciudadanos quiere que la ley recoja la consideración de infracción de ejercicio profesional irregular como la prestación de servicios propios de una profesión colegiada, estando en posesión del correspondiente título académico pero que no cumple la obligación de colegiación.
La comisión de la infracción prevista podrá ser objeto de una sanción de inhabilitación profesional por tiempo no superior a tres años y multa de entre 3.001 y 50.000 euros.
La potestad sancionadora será ejercida por la consejería competente en materia de ejercicio de profesiones tituladas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo a los principios y procedimiento previstos en la legislación básica del Estado sobre procedimiento administrativo común.
