La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha calculado que tras la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, esta prestación llegará a unas 40.000 familias de toda la región, lo que supone un alcance de unos 120.000 beneficiarios.
A preguntas de los medios tras una rueda de prensa, ha señalado que toda vez que se articulen estas prestaciones «hay que hacer una reflexión» del resto de políticas sociales que aborda la Comunidad Autónoma de cara a «reformular» estas estrategias.
Ahora que se cuenta con «un instrumento muy potente» que garantiza «un colchón de seguridad que no existió en la pasada crisis», hay que seguir articulando políticas sociales. «Una persona con 400 euros puede tener necesidad de otras políticas, y esa reflexión la tiene que hacer el Gobierno».
Así, ha avanzado que la Administración regional no tiene intención de «recortar» en estas líneas, sino de hacerlas más eficientes para que «lleguen más y mejor a quien más lo necesita».
