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domingo, 22 diciembre
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Convocadas las ayudas al alquiler de viviendas en Castilla-La Mancha para el año 2021

Por valor de 9,4 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de las ayudas al arrendamiento de viviendas para el año 2021 por valor de 9,4 millones de euros de las que se beneficiarán más 5.200 familias de la región, tal y como ha confirmado la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, quien ha especificado que la convocatoria, que se publicará en los próximos días, tendrá un plazo de dos meses para presentar solicitudes y se articulará en régimen de competencia competitiva.

«El objetivo de estas ayudas al alquiler no es otro que contribuir a que estas 5.200 familias de la región, no menos de 15.000 personas, tengan menos dificultades a la hora de llegar a fin de mes ya que la subvención puede alcanzar el 40 por ciento del importe del alquiler para la población en general y hasta el 50 por ciento del importe del alquiler en la población menor de 35 años que es uno de nuestros objetivos prioritarios».

A este respecto, la portavoz regional ha detallado que las ayudas se reparten en tres programas diferentes. Uno general destinado a mayores de 35 años, otro de ayuda a jóvenes de entre 18 y 35 años y un tercero diseñado para asociaciones, ha informado la Junta en nota de prensa.

Respecto al primer programa Blanca Fernández ha explicado que estas ayudas subvencionan, mediante abonos trimestrales, hasta un 40 por ciento del importe de las rentas de arrendamiento siempre que estas no superen los 500 euros mensuales. Cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de euros.

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Para el segundo programa, destinado a personas jóvenes de hasta 35 años y dotado con 3,4 millones de euros, hay una mayor cuantía de la ayuda permitiendo subvencionar la renta del alquiler hasta en un 50 por ciento.

Blanca Fernández ha añadido que, además de estos programas destinados a personas físicas, hay un tercer programa dotado con 100.000 euros, dirigido a asociaciones, entidades del Tercer Sector y fundaciones que sean titulares de un contrato de arrendamiento cuya renta no supere 600 euros mensuales y destinen los inmuebles arrendados a alojar personas con especiales necesidades. En este caso la ayuda será de hasta el 50 por ciento.

En ese sentido, gracias a este compromiso con quien más lo necesita, se introducen medidas de acción positiva destinadas a facilitar el acceso a familiares monoparentales con cargas familiares; personas o familias que hayan sufrido una ejecución hipotecaria previa de su vivienda habitual, o que hayan dado su vivienda habitual en pago de deuda; a familias en las que conviva alguna mujer víctima de violencia de género o unidades familiares en las que alguna persona asume la patria potestad, tutela o acogimiento familiar permanente del menor huérfano por violencia de género.

También se prioriza a unidades de convivencia afectadas por situaciones catastróficas; unidades de convivencia en las que exista algún miembro con discapacidad; unidades de convivencia en las que todos sus miembros se encuentren en situación de desempleo y hayan agotado las prestaciones correspondientes a tal situación; mujeres en situación de necesidad o en riesgo de exclusión, cuando tengan hijos menores exclusivamente a su cargo, familias numerosas así como unidades de convivencia en las que exista alguna víctima de terrorismo.

Blanca Fernández ha puntualizado que esta convocatoria atenderá los gastos derivados del arrendamiento entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

En este sentido, ha recordado otras ayudas similares presentadas recientemente, como las de rehabilitación de viviendas con alcance para 12.000 personas por un importe de 8,8 millones de euros, y ha hecho hincapié en el apoyo del Ejecutivo autonómico a los ciudadanos con el objetivo de apoyar programas de este tipo para facilitar el acceso a la vivienda.

Además, ha revelado que desde 2015, «hemos destinado 52 millones de euros en ayudas al arrendamiento, lo que nos ha permitido beneficiar a más de 23.000 familias y a 69.000 personas. Se trata de una apuesta clara del Gobierno de Emiliano García-Page por contribuir a mejorar la economía familiar, especialmente en aquellas familias o personas que tienen menos recursos», y ha recordado que «hemos destinado siete veces y media más presupuesto que lo hiciera Cospedal de 2011 a 2015».

LAS AYUDAS, PROGRAMA A PROGRAMA

Para el programa general, destinado a personas de 35 años o más, los ingresos no podrán superar dos veces el IPREM. Las veces IPREM podrán ser mayores en caso de pertenecer a un colectivo preferente. Se concederá a los beneficiarios una ayuda de hasta el 40% de la renta anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un límite máximo de 200 euros mensuales por vivienda (2.400 euros anuales).

Dentro del programa general, para el caso de unidades de convivencia con algún solicitante mayor de 65 años, los ingresos no podrán superar tres veces IPREM que podrá ser superior, también, en el caso de pertenecer a colectivo preferente. Se concederá en este caso a los beneficiarios una ayuda de hasta el 50% de la renta anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un límite máximo de 250 euros mensuales por vivienda (3.000 euros anuales).

Para el programa de ayuda a los jóvenes, en concreto, para los menores de 35 años, los ingresos no podrán superar tres veces IPREM que podrá ser superior en el caso de pertenecer a colectivo preferente. Se concederá a los beneficiarios una ayuda de hasta el 50% de la renta anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y permanente, con un límite máximo de 250 euros mensuales por vivienda (3.000 euros anuales).

Para asociaciones del tercer sector: La ayuda no superará el 50% del importe de la renta (con un máximo para ésta de 600 euros) y sin que la ayuda pueda superar los 300 euros mensuales por vivienda (3.600 euros anuales).

El Plan de Vivienda 2018-2021 mantiene la apuesta de fomento del alquiler y la rehabilitación con carácter prioritario. Se aprobó por parte del Consejo de Gobierno en mayo de 2018. Está financiado por la Junta de Comunidades y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

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