Las demandas de disolución matrimonial (separaciones y divorcios) se redujeron en la región un 58 por ciento en el segundo trimestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del estado de alarma por el Covid-19 y la consiguiente paralización de la actividad judicial, según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hasta el mes de junio, en Castilla-La Mancha, se presentaron un total de 646 demandas de divorcio y separación, frente a las 1.105 del pasado año.
Y es que en el segundo trimestre de 2020 se presentaron 357 divorcios consensuados frente a las 605 presentadas en el mismo trimestre de 2019; mientras que las 226 de divorcio no consensuados presentadas hasta junio distan de las 441 formuladas en el mismo periodo de 2019.
Por lo que respecta a las demandas de separación, las nueve presentadas distan mucho de 43 registradas hasta junio de 2019; y las siete no consensuadas suponen la mitad de las 14 registradas en el ejercicio pasado.
Finalmente, hasta junio de este año no se había presentado ninguna demanda de nulidad, frente a una única registrada respecto a las presentadas en el segundo trimestre de 2019.
La comunidad autónoma con mayor número de demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes fue Canarias, con 5,3, seguida de: Murcia, 5,2; la Comunidad Valenciana, 5; Cataluña, 4,9; Islas Baleares, 4,7; La Rioja, 4,6; Andalucía, 4,5; y Cantabria, 4,4. Todas ellas superan la media nacional, que es de 4,3.
Las más bajas, se han dado en Madrid, con 3,4 demandas de disolución matrimonial por cada 10.000 habitantes; Castilla y León (3,7); Aragón y Galicia (3,8); y Extremadura y País Vasco (3,9).
También todas las demandas de modificación de medidas, tantomatrimoniales como no matrimoniales, han experimentado «importantesdisminuciones» respecto al segundo trimestre del año 2019, según señala el CGPJ.
Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 1.846, se han reducido un 41,9 por ciento, y las demandas de modificación de medidas no consensuadas (5.880), lo han hecho un 37,6 por ciento respecto al mismo trimestre del año pasado.
En cuanto a las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas, han sido un total de 3.542, lo que representa una disminución interanual del 34,2 por ciento, mientras que las no consensuadas (4.387) han mostrado una disminución del 39,9 por ciento.
En todo caso, el CGPJ precisa que es «imposible extraer conclusiones» de los datos que se presentan ya que la desescalada escalonada en la administración de justicia, la necesidad de adoptar medidas de seguridad e higiene en los juzgados y la persistencia de la incidencia de la pandemia han hecho que las características de la disminución de todos los indicadores en ese trimestre sean «diferentes a las de cualquier otro periodo anterior».
