El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha señalado que «llegar a un consenso en relación a cuáles deben interpretarse como los valores y opiniones prevalentes en la sociedad actual en relación a la eutanasia, es algo que se nos antoja realmente complicado», sobre todo teniendo en cuenta «el alto grado de polarización en el que se encuentran las sociedades actuales, agravada claramente por la pandemia».
La estrategia de Humanización llevada a cabo desde la legislatura anterior por la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha parte de la mirada de dignidad de la persona enferma, no como mera usuaria de un servicio asistencial, sino sujeta de derechos propios, con derechos a la información sobre su situación de salud y a la decisión sobre las actuaciones asistenciales sobre su persona.
Así lo ha destacado el consejero de Sanidad en la inauguración de una jornada, que se ha desarrollado bajo el título ‘Humanización al final de la vida. Diálogos en torno a la Proposición de Ley de Eutanasia’, destacando que en ese marco, anteriormente descrito, se han ido desarrollando y fortaleciendo las actuaciones del Registro de Voluntades Anticipadas.
Fernández Sanz no ha querido pasar por alto la conmemoración del Día Mundial de los Derechos Humanos, en recuerdo de la fecha en la que fue aprobada por parte de las Naciones Unidas la Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que reconoce como esenciales en todo orden social una serie de derechos en las personas, como intrínsecos e inalienables, ha informado la Junta en nota de prensa.
En ese sentido, el consejero de Sanidad ha afirmado que hace unos días se conmemoraba también el Día de nuestra Constitución Española, aprobada en 1978, y que consagra en nuestro ordenamiento jurídico estos derechos, haciéndolos referencia en su artículo 10, «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social».
«Se trata» –ha destacado Fernández Sanz– «de hacer compatibles derechos individuales con el aseguramiento de derechos colectivos a proteger, especialmente por la vulnerabilidad de las personas de algunos grupos de población».
En ese sentido, el consejero de Sanidad ha subrayado que «todos los derechos deben ser entendidos con los límites de los derechos de los demás a título individual, y de los demás como unidad social, base en la que se han cimentado en este contexto, al igual que siempre, las actuaciones en el ámbito de la Salud Pública; por lo tanto, cuando entran en colisión se establece su jerarquización, sujeta a proporcionalidad, sostenibilidad temporal».
REGULACIÓN
En cuanto a la regulación de la eutanasia abordada en esta jornada, Fernández Sanz ha destacado que la legalización y regulación de la eutanasia, mediante la Proposición de Ley presentada ante las Cortes generales en enero del presente año por el Grupo Parlamentario Socialista, vuelve a abrir el debate sobre colisión posible de derechos; por un lado, el fundamental derecho a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como son la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.
«Lo cierto es que todos, especialmente los profesionales sanitarios, nos preguntamos cómo se debería actuar ante situaciones similares de personas que, padeciendo una enfermedad grave e incurable, con sufrimientos insoportables, físicos o psíquicos, han manifestado reiteradamente su voluntad de poner fin a su vida», ha afirmado el consejero de Sanidad.
En el panorama de los países de nuestro entorno se pueden reconocer, fundamentalmente, dos modelos normativos. Por un lado, los países que despenalizan las conductas eutanásicas al considerar que aquellos quienes las realizan no se mueven por conductas egoístas, sino por una razón compasiva, pero, sin embargo, no llevan a cabo una regularización normativa expresa. Por otra parte, se encuentran los países que regulan la eutanasia como una práctica legal, siempre que se observen determinados requisitos y garantías.
«Consideramos que es obligación del legislador atender a las demandas y valores de la sociedad, preservando y respetando sus derechos y adecuando para ello las normas que ordenan y organizan nuestra convivencia, dando también certidumbre a todas las partes intervinientes en un proceso como estos al final de la vida», ha defendido el consejero de Sanidad, resaltando que «sin embargo, nos enfrentamos a la complicada realidad de que el derecho de las personas al final de la vida conlleva inmediatamente profundas implicaciones jurídicas, religiosas, políticas, sociales y sanitarias en conflicto».
En la jornada han participado expertos en la materia como David Larios, profesor asociado de la Escuela Nacional de Sanidad y de diversos cursos de postgrado en Derecho Sanitario y Bioética; Javier Sánchez Caro, profesor honorario de la Escuela Nacional de Sanidad y una de las personas que participó en el grupo de trabajo de la redacción de la Proposición de Ley; Carmen Tomás-Valiente Lanuza, profesora de Derecho Penal; además de Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España.
