El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha urgido al Gobierno central para que tome medidas legislativas contra el creciente fenómeno de la ocupación de viviendas por parte de mafias, ya sean viviendas de ciudadanos particulares o propiedad de bancos o de otras sociedades. Pide ampliar los tiempos de actuación policial sin intervención judicial y que no se empadrone a los ocupas.
Concretamente, Castilla-La Mancha tiene previsto presentar un proyecto de legislación sobre este tema en el mes de octubre, norma «muy contundente», tal y como ha avisado.
En este sentido el presidente regional ha defendido que no se empadrone a quien no tenga una vivienda acreditada para así evitar anomalías. A su juicio, ahora que hay una renta básica ya hay un colchón económico para alquilar una casa, se debe impedir «que quien hace un uso ilegal del Estado de Derecho pueda hacerlo conforme a la ley de renta básica».
AMPLIAR TIEMPOS DE ACTUACIÓN POLICIAL
García-Page también ha pedido medidas para «ampliar los tiempos de actuación policial sin necesidad de que haya intervención judicial», porque 24 horas no permite mucho margen de maniobra. Asimismo, plantea que la acción no se tenga que producir sobre una persona en concreto, sino sobre una vivienda, toda vez que la estrategia de los ocupas pasa por cambiarse de piso cada vez que se presenta un agente de la Guardia Civil. Todo ello debe completarse con un plan específico de actuación tanto de la Policía como de la Benemérita.
Ha aclarado que no se trata de desahucios y sí de «una situación de delincuencia de quien se apropia de una vivienda de una manera ilegal». Así, remarca que durante la pandemia se han producido ocupaciones «de manera exagerada».
Tras citar las zonas donde este fenómeno se ha multiplicado, tanto en Madrid, Toledo, Guadalajara como otras zonas de España, ha señalado que es una situación sobre el que puede haber un descontrol de tal calibre que cueste mucho corregirlo.
EL GOBIERNO NO TENDRÁ MAS REMEDIO
Preguntado si cree que el Gobierno de Pedro Sánchez va a ser sensible a esa demanda, asevera: «No le va a quedar más remedio». «No podemos consentir bajo ningún concepto que se sienta amenazada la propiedad privada de una primera o segunda vivienda e incluso aunque algunas de esas viviendas, como algunos han podido haber argumentado en el pasado, sean de una entidad bancaria o de otras sociedades», ha añadido.
Además, ha afirmado que esta situación está paralizando el sistema judicial y conduce a una situación en la que se «está creando un problema de mafias». «Hay gente organizada en España para ganar dinero a cambio de explotar el concepto de apropiación indebida. No mirar el problema es la peor de las perspectivas», concluyó.
El jefe del Ejecutivo regional ha confesado que es consciente que puede ser un tema delicado que puede suscitar debate entre los socios del Gobierno de España.
Pero, «hoy por hoy, un Ejecutivo que ha tenido la osadía y la capacidad de poner en marcha un sistema de colchón social con la renta básica no puede mirar para otro lado cuando se incumple la legislación básica de vivienda».
