El Gobierno de Castilla-La Mancha, PSOE y Ciudadanos han acordado un paquete de medidas para la inversión de más de 1.000 millones de euros en los próximos años para la reconstrucción social y económica de la región ante la pandemia de la COVID-19 dentro del pacto por la reconstrucción de Castilla-La Mancha. Entre las medidas acordadas el acuerdo recoge el compromiso de no aplicar ninguna subida de impuestos.
El documento es un texto flexible y abierto a más incorporaciones en el futuro, tanto para adaptarse a nuevas realidades como para incorporar propuestas de otros partidos y colectivos. Los participantes en el acuerdo hacen un llamamiento al PP de Castilla-La Mancha para que se incorpore, lo antes posible, a un diálogo serio y constructivo.
El acuerdo incluirá un anexo presupuestario por partidas, así como un calendario de puesta en marcha del pacto en tres meses desde su firma, han informado ambos partidos en nota de prensa.
En las negociaciones del Acuerdo por la Reconstrucción Social y Económica de Castilla-La Mancha, han participado por parte del Gobierno regional, el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro; por parte del PSOE castellanomanchego, el secretario de Organización del partido, Sergio Gutiérrez, y el presidente del grupo socialista, Fernando Mora, y por parte de Ciudadanos, la portavoz regional, Carmen Picazo, y el presidente del grupo en las Cortes, Alejandro Ruiz.
En total, se han mantenido doce reuniones, a las que se ha sumado un constante intercambio de conversaciones entre las partes en el marco de las negociaciones.
En total, se han mantenido doce reuniones, a las que se ha sumado un constante intercambio de conversaciones entre las partes en el marco de las negociaciones.
ECONOMÍA Y SANIDAD
Hasta el momento se ha acordado un incremento de 25 a 40 millones de euros de las ayudas a autónomos del Gobierno de Castilla-La Mancha dirigidas a afectados por la crisis del coronavirus; la publicación en el Portal de Transparencia de información sobre el gasto realizado durante la pandemia, así como de las donaciones recibidas, y de las necesidades existentes para contener un posible futuro rebrote de la epidemia.
Además, se acuerda presentar en la primera quincena de julio la Ley de Reserva Estratégica de Material de Protección Sanitario, cuyo objetivo es crear reservas de material sanitario básico en hospitales, centros sanitarios y centros sociosanitarios. La idea es tener acopio de material de protección suficiente para soportar momentos de tensión antes del otoño.
Se promoverá e incentivará la creación de un sector regional de fabricación de materiales de promoción cuyos productos compraría preferentemente el Sescam. Todo ello, para no depender de terceros países y crear empleos en Castilla-La Mancha, fijando población.
Se acuerda blindar 640 millones de euros para inversión en infraestructuras sanitarias esta legislatura con el objetivo de no paralizar ninguna obra prevista, así como la creación de un protocolo de actuación ante posibles rebrotes, además de dotar a los profesionales de un catálogo de pruebas diagnósticas que contemple pruebas de detección de la COVID-19.
EDUCACIÓN
Además, se establece el refuerzo del sistema de becas estableciendo coberturas adicionales para aquellos estudiantes que se hayan visto afectados por la epidemia de la COVID-19, tanto por la pérdida de un familiar, como por la pérdida del puesto de trabajo o cierre del negocio de al menos uno de los progenitores.
Se impulsará un plan de refuerzo educativo en los cursos 2020/2021 y 2021/2022 y ampliará el programa de cooperación territorial de 5º y 6º de Primaria y ESO al resto de niveles de Primaria y Bachillerato, y se dotará de más recursos al alumnado de inclusión educativa.
BIENESTAR SOCIAL
Se realizará un plan de diagnóstico y auditoría de la situación de los centros de mayores con el fin de mejorar el modelo actual reforzando los protocolos y adecuándolos a las experiencias vividas con la COVID-19 y se reforzará la medicalización de las residencias y se elaborará un plan de seguimiento e inspección de todas las residencias.
Se aplicarán obligatoriamente las normas de calidad UNE sobre gestión de servicios en las residencias de mayores, tanto las referentes a la gestión integral, como de espacios, dotaciones y personal. Se incluirá la obligatoriedad de incorporar en las residencias, de gestión tanto pública como privada, que todas las personas que trabajen en ellas tengan la formación especializada en la atención de mayores y personas con discapacidad.
Se revisarán todas las ayudas sociales autonómicas para valorar su fusión y ponerlas en relación con las prestaciones y subsidios estatales (especialmente el Ingreso Mínimo Vital), de modo que no haya solapamientos y se complementen para dar una mayor y mejor cobertura, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, así como, valorar el horizonte temporal de estas medidas extraordinarias. De igual modo, valorar la fusión y simplificación del sistema de ayudas sociales de ayuntamientos y diputaciones especialmente, tras la puesta en marcha prevista del Ingreso Mínimo Vital.
Se desarrollará plena y completamente dicho Registro Único de Prestaciones Sociales para poder gestionar de forma coordinada, integral y coherente todas las prestaciones de los Servicios Sociales a lo largo del tiempo y poder llegar a tener la Historia Social Única de cada persona, además de dar impulso y reforzar los planes de empleo para adaptarlos a nueva situación causada por la pandemia. Será un objetivo que los programas se reorienten a incluir a las personas en reciente desempleo.
Se reforzarán las ayudas para que las empresas con trabajadores en ERTE vuelvan a contratar a los empleados afectados después de la crisis del coronavirus y se introducirá en los planes de empleo acciones orientadas a aumentar la empleabilidad de sus participantes, como la orientación laboral y la formación e incluir en su diseño y en las actividades formativas asociadas, actividades que permita que las personas participantes puedan aportar valor a acciones de contención de un posible rebrote, tales como labores de protección civil, asistencia a personas necesitadas en centros residenciales o en domicilios, fabricación de material de protección y logística para su reparto y, en la medida de lo posible, atención a personas con síntomas leves.
En materia de fiscalidad, se establece un compromiso para no aplicar ninguna subida de impuestos y reivindicar un avance sustancial en la armonización fiscal entre todas las regiones de España con el objetivo de atraer capital y tejido productivo a un país que también cree en la responsabilidad social de las empresas.
