Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves la Proposición de Ley por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios de Castilla-La Mancha con los votos favorables de PSOE y Cs y la abstención del PP.
Sin embargo, la disposición adicional tercera y la disposición final primera, que añaden un régimen sancionador de medidas de prevención ante el COVID-19, así como el establecimiento de un registro para el seguimiento de vigilancia epidemiológica en las actividades de locales de ocio, hostelería y restauración y la toma de datos a través de una app creada y gestionada por la Junta, han sido votadas por separado a petición de Cs y han sido sacadas adelante por el PSOE en solitario. Además, el PP ha retirado sus enmiendas al texto, que sumaban un total de 33.
Estas disposiciones han centrado el debate que se ha producido en las Cortes, donde los grupos parlamentarios del PP y Cs han criticado que el PSOE haya «colado» estos dos apartados, mientras que desde el Gobierno regional y el Grupo Parlamentario Socialista han defendido que no se puede esperar a regular estas cuestiones a través de otra iniciativa parlamentaria.
En el debate sobre el Dictamen de esta Proposición de Ley emitido por la Comisión de Sanidad que ha tenido lugar en el pleno de las Cortes regionales, el diputado ‘popular’ Juan Antonio Moreno Moya, encargado de abrir el punto, ha defendido las 33 enmiendas de su grupo que fueron rechazadas en la Comisión, insistiendo en algunas cuestiones como su oposición a la creación de una corporación para la gestión de la reserva sanitaria, la no inclusión del sistema educativo en la ley, así como en las dos disposiciones «coladas de rondón», a su juicio, por el Grupo Socialista.
Con respecto a estas últimas, Moreno Moya ha insistido en que han sido introducidas por el PSOE «sin consensuar con el sector», haciendo que haya «obligación» por parte de los hosteleros de tener un registro de las personas que acceden a sus establecimientos, preguntándose por qué no se hace esto «con supermercados y otro tipo de comercio». «¿Por qué están empeñados en castigar a la hostelería de Castilla-La Mancha? Nadie lo entiende», se ha preguntado.
Asimismo, sobre la no inclusión de los centros educativos en la Proposición de Ley, ha defendido que es un aspecto «clave» en la región y ha insistido en la necesidad de «preservar en todo momento todas aquellas cuestiones que tienen que ver con el futuro de nuestros jóvenes», alegando además que son personas «en contacto con grupos de riesgo» como pueden ser sus padres o abuelos.
Finalmente, con respecto a la corporación para la gestión de la reserva estratégica, el ‘popular’ ha asegurado que dicha entidad «huele a chiringuito que tira para atrás», por lo que ha abogado por eliminar el «uso desmesurado del mecanismo de contratación que prevé» y acotar su utilización.
CS CRITICA LAS «PRISAS» Y EL «RODILLO» DEL PSOE
Por su parte, el parlamentario de Cs David Muñoz Zapata ha reiterado que con estas dos disposiciones adicionales, el PSOE ha creado «dos leyes» y, por tanto, ha pedido que se voten por separado, mostrando su intención de votar a favor de la Proposición de Ley de reserva pero mostrándose en contra de las dos disposiciones, que son, ha añadido, «fruto de la falta de previsión, las prisas y el rodillo aplicado por el PSOE, que hace que no se hayan consensuado con el sector».
Para Muñoz Zapata, las dos disposiciones adicionales son «una piedra más a los hosteleros» y «una vuelta de tuerca más a un sector que no puede aguantar más vueltas». «Entendemos que hay que tomar medidas sanitarias, pero este Gobierno y el PSOE no han buscado un necesario equilibrio entre la necesidad de salvar vidas y la de salvar empleos», ha continuado.
Además, ha recordado que en la Comisión de Sanidad presentaron dos transaccionales para «intentar negociar» las disposiciones de cara a «garantizar la libertad individual» de ciudadanos y hosteleros. «Lo intentamos hasta el final pero no quisieron», ha afirmado.
En cualquier caso, al margen de estas dos disposiciones, ha considerado que esta ley es «muy necesaria» y debe servir para que «no vuelva a ocurrir lo que ocurrió», recordando que su formación es coatura de la norma.
PRONTITUD PARA CONSTITUIR EL RÉGIMEN SANCIONADOR
Por parte del PSOE, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha sido la encargada de fijar la posición de su partido en el debate, mientras que su compañero Juan Antonio Contreras ha sido quien ha defendido el dictamen de la Comisión de Sanidad. Así, Abengózar ha defendido que las disposiciones se han introducido en forma de enmiendas ya que en la región «no existen los Decreto Ley». «Poco sentido tendría aprobar un régimen sancionador cuando haya acabado la pandemia», ha justificado.
Asimismo, ha aseverado que desde el PSOE consideran que su introducción busca «proteger la hostelería» para que pueda servir como registro y así «poder rastrear en caso de que haya algún positivo».
De igual modo, en cuanto a las sanciones, ha manifestado que no son «un castigo para nadie en concreto» sino para «todo aquel que incumpla la normativa que nos hemos dado en esta pandemia». «Habría que tener en cuenta que pesa más, si la bolsa o la vida. Yo creo que la vida», ha apostillado.
Por todo ello, y tras criticar que el PP «no ha trabado» por sacar adelante esta ley, ha opinado que esta es una norma «que se crea con el objetivo de mejorar la región» y tener «una herramienta para soportar al menos 120 días de colapso» a la hora de comprar material sanitario, para que así «no vuelvan a repetirse las situaciones de los peores días de esta pandemia».
UNA LEY QUE DA «GARANTÍAS DE RESPUESTA»
Finalmente, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha sido el encargado de cerrar el debate, valorando una ley que, en su opinión, da a la región «suficientes garantías de respuesta» a posibles problemas de desabastecimiento de material sanitario.
Fernández Sanz ha recordado lo que han «sufrido» todos aquellos que han padecido «de manera brutal» las dificultades de aprovisionamiento, por ello ha defendido el «espíritu de la ley», que no es otro, ha añadido, que «poder ofrecer la mejor protección a todo el mundo, ciudadanos y profesionales».
«La previsión es tener un equivalente a 120 días, un cuatrimestre que permita dar respuesta a todas las necesidades y que no vuelva a pasar lo que pasó en todo el país y toda Europa», ha continuado.
También ha hecho hincapié en la utilidad de la corporación que gestionará la reserva, ya que, ha sostenido, se va a convertir en una «potente herramienta de gestión» a la hora de poner a disposición el material, algo para lo que debe fijarse un «inventario pormenorizado de recursos» que establezca las necesidades y permita conocer la disponibilidad de material.
En cuanto al sistema sancionador, ha reiterado que «no es para un sector», el hostelero, sino «para todas y todos los ciudadanos y la gente que, de una manera u otra, no cumplan lo que establece la ley». «Y nos interesa mucho para la salud de las personas que se cumpla, por eso hay un régimen sancionador», ha aseverado.
En este sentido, ha asegurado que su inclusión en la norma «no es por detrás» sino que suponen «herramientas jurídicas para fortalecer el frente a la pandemia».
