El Área de Sanidad de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha reclamado que los centros educativos públicos cuenten con la figura de un enfermero escolar al inicio del curso académico, sumándose así a la petición que el PP lleva haciendo al Ejecutivo regional desde hace semanas.
En nota de prensa, la federación de izquierdas ha explicado que la situación que está provocando la pandemia del COVID-19 ha traído como consecuencia la necesidad de replantear todos los sistemas anteriores, para que la seguridad esté garantizada en todo momento.
Tras precisar que la vuelta a las aulas «es uno de los mayores retos que asumirá la sociedad, IU ha defendido que la figura de los enfermeros escolares «sería clave en la coordinación, supervisión y vigilancia en la vuelta a las aulas, siendo hoy en día es más necesaria que nunca».
De igual modo, ha añadido que son muchos los organismos sanitarios internacionales, como la OMS, que han recomendado la presencia de una enfermera escolar en los centros educativos.
«El valor de la enfermera escolar no solo quedaría supeditado a la revisión y vigilancia de los problemas ocasionados por el COVID-19, la educación en la promoción de la salud, la higiene, la supervisión de protocolos sanitarios en cada centro (ejercicio, salud bucodental o alimentación), el tratamiento de las enfermedades crónicas particulares, así como un servicio de urgencias son solo una pequeña muestra de la importancia de la Enfermera Escolar» han señalado desde IU.
Además, la formación que dirige Juan Ramón Crespo ha instado a que la Consejería de Salud y la Consejería de Educación «se sienten, consensúen y formalicen» un protocolo de contratación que sea garantista tanto para los centros educativos como para las profesionales sanitarias.
«Las condiciones laborales de estas profesionales no deben de ser olvidadas. Sindicatos y asociaciones también deberían ser consultadas para que no se produzca una discriminación laboral» han precisado desde la federación de izquierdas, que ha añadido que «la gran responsabilidad sanitaria que tendrán los centros educativos no puede recaer en los profesionales educativos».
