Antes de que se iniciara la actual crisis sociosanitaria, Podemos CLM denunció en varias ocasiones la paralización de las ayudas sociales (Ingreso Mínimo de Solidaridad y Ayuda de Emergencia Social) que dejaba en una situación de desprotección a las familias más vulnerables de la Comunidad Autónoma y reclamamos, a su vez, un aumento de la mencionada partida presupuestaria. Durante los momentos más duros del confinamiento, las ayudas de la Junta continuaban paralizadas y la mayoría de ayuntamientos de la región han tenido que tomar la iniciativa e ingeniárselas para cubrir las necesidades básicas de las familias que no podían esperar a que reaccionara el gobierno autonómico, en vez de existir una respuesta coordinada y mutua.
El gobierno de García Page no ha tenido una respuesta rápida ante esta emergencia social. A mediados del mes de mayo, hace apenas unos días, el gobierno autonómico aprobó un decreto de ayudas de emergencia excepcional para personas en dificultad económica y social. Ha tardado más de dos meses en ofrecer una respuesta a la urgencia de miles de familias que no tienen ingresos y que están sufriendo gravemente las consecuencias económicas derivadas de las crisis del Coronavirus. Pero además, estas ayudas resultan muy insuficientes: de cien a cuatrocientos euros por unidad de convivencia dan para muy poco y nos siguen situando en las lógicas de la beneficencia, obviando la responsabilidad de las administraciones en medidas sociales.
Los datos sobre pobreza y exclusión social en Castilla-La Mancha no eran nada halagüeños antes de que nos cayera encima el Coronavirus con toda su crudeza y se extendieran los contagios por toda la región sin distinción alguna. El virus no distingue clase social, etnia ni cualquier otra circunstancia para propagarse, pero su impacto es diferente dependiendo de las condiciones personales y sociales previas. Hay que señalar que las personas más vulnerables están más expuestas porque no disponen de medios adecuados para protegerse. En estos sectores de población se concentra una mayor tasa de personas infectadas, debido a que, por un lado, la precariedad les obliga a salir a trabajar sin las medidas de protección necesarias y, por otro lado, el confinamiento lo tienen que hacer en espacios muy reducidos, donde conviven muchas personas, sin las condiciones de luz, ventilación y seguridad convenientes.
Según el IX Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el 33,5% de la población de Castilla-La Mancha, algo más de 678.000 personas, se encontraba en 2018 en riesgo de pobreza y/o exclusión social.
A estas cifras hay que añadir que la cobertura social en nuestra Comunidad Autónoma está por debajo de la media nacional. Así lo evidencia el VIII Informe FOESSA, en Castilla-La Mancha el gasto público en prestaciones sociales es mucho más bajo que en el conjunto de España.
Los Informes mencionados muestran un escenario poco alentador respecto a la protección social en nuestra comunidad autónoma, en el que hay que situar, además, las voces de más de 200 profesionales de los servicios sociales de atención primaria y del Colegio Profesional de Trabajo Social de Castilla-La Mancha que, pocos meses antes de la crisis de Coronavirus, alertaban de la paralización de las prestaciones y de la fragilidad del sistema.
Podemos CLM quiere reconocer y poner en valor el trabajo que están realizando los y las profesionales de los servicios sociales, que como servicios esenciales, continúan en primera línea, atendiendo a las personas que peor lo están pasando. Son imprescindibles para contener la emergencia social. Podemos CLM considera que el mejor agradecimiento a su labor y profesionalidad es tener en cuenta sus reivindicaciones para mejorar la red pública de servicios sociales y configurarlos como el cuarto pilar del Estado de Bienestar.
La pandemia del Covid-19 nos enfrenta a una emergencia sanitaria y social sin precedentes en todo el país, y especialmente en Castilla-La Mancha, donde los niveles de renta por habitante son más bajos que en el conjunto de España. El estudio de Caixabank «Economía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: diagnóstico estratégico» muestra que el PIB per cápita de Castilla-La Mancha se situó en los 19.713 euros en 2017, un 21% menos que la media nacional donde la renta per cápita alcanza aproximadamente los 25.000 euros.
A esto hay que sumar que tenemos una tasa de paro superior a la del estado español, según la EPA del primer trimestre de 2020, dicha tasa ascendía en Castilla-La Mancha al 18,11% de la población activa, casi 5 puntos por encima de la media nacional.
Para terminar la panorámica de la situación previa a la pandemia de Castilla-La Mancha, es necesario añadir también a los datos anteriores, nuestra región una economía dependiente fundamentalmente del sector primario, la construcción y los servicios, y un andamiaje de protección social endeble.
Las condiciones de partida de nuestra comunidad para afrontar la crisis sociosanitaria actual y las consecuencias que se avecinan, exigen medidas de contención fuertes y decididas por parte de la Administración Autonómica, así como un compromiso firme por el diálogo con todas las fuerzas políticas y agentes sociales de la región, que aún a día de hoy Page parece no haber comprendido.
Muchas personas castellano manchegas se han quedado sin empleo o han visto reducidos sus ingresos de forma abrumadora con motivo de la pandemia. La situación de vulnerabilidad de las familias se está multiplicando y agudizando, y necesita de una respuesta rápida y coordinada. Poco ayudan las fotos electoralistas y las declaraciones que estigmatizan a sectores de la población a los que el sistema no les ofrece ninguna oportunidad de vida digna. Porque la prioridad es salvar vidas pero también sobrevivir, poder comer, pagar el alquiler y las facturas. Se necesita un gran escudo social para que la distancia de seguridad que nos protege a todas no se convierta en una brecha insalvable para una parte de la población.
Por tanto, urge garantizar unos ingresos a las familias, porque las necesidades básicas no pueden esperar. Podemos CLM siempre lo ha tenido claro, así lo hicimos en la pasada legislatura trabajando para establecer un sistema de protección estable a través de la Ley de Garantías Ciudadanas que el gobierno actual del Sr García Page no se decide a aprobar, mientras que, a nivel estatal, la renta mínima garantizada ha servido de precedente al Ingreso Mínimo Vital.
El IMV como vacuna social frente a la vulnerabilidad de CLM
Castilla-La Mancha necesita una renta mínima garantizada como el llover. Ha sido necesario que Podemos entrase en el gobierno estatal para que «lloviera en los campos manchegos» y las personas que se encuentran en dificultades puedan tener un respiro al fin. Las personas que han perdido su empleo o que se han quedado fuera de los ERTEs y de los subsidios, están esperando el Ingreso Mínimo Vital como agua de mayo.
Y no lo decimos solo nosotras, sino que es un clamor de las distintas organizaciones que representan a profesionales de los servicios sociales, que llevan tiempo reivindicando la necesidad de consolidar un Sistema de Garantías de Rentas como principal herramienta para reducir la pobreza estructural y la desigualdad.
En este sentido, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señala la necesidad de «disponer de un Ingreso Mínimo Vital Garantizado (IMV), como prestación económica de derecho subjetivo, para la cobertura de necesidades básicas de las personas que carecen de ingresos económicos para el sostenimiento de una vida digna, exista o no exista, una particular crisis social como la actual». El Consejo General del Trabajo Social, por su parte, considera positiva la apuesta del Gobierno de coalición, PSOE- Unidas Podemos, a favor del IMV, entendiéndolo como un gran avance que tiene que perdurar más allá de la actual situación de emergencia social.
El IMV se sitúa en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, establecidos por la Organización de Naciones Unidas en su Agenda 2030. Estos objetivos persiguen la igualdad entre las personas, proteger el planeta y asegurar la prosperidad dentro de una agenda de desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.
Distintos estudios muestran una brecha de género en la exclusión social, en Castilla-La Mancha la pobreza tiene rostro femenino. El VIII Informe Foessa concluye que se puede hablar de feminización de los hogares que se encuentran en exclusión, al menos desde el punto de vista de la persona sustentadora principal. La crisis del Covid-19 está teniendo un impacto distinto también según el género, afectando principalmente a las mujeres debido al rol tradicional de cuidadoras, que las sitúa en la primera línea de exposición frente al virus. A ello se añade, la precariedad laboral, la pobreza, los problemas de conciliación y el riesgo de aumento de las violencias machistas durante el confinamiento. Es necesario diseñar políticas públicas que integren de manera transversal el enfoque de género para que no se agrave esta desigualdad.
El IMV se configura como una prestación económica que dependerá de la composición de las familias, incorporando la perspectiva de género y la protección de los derechos de la infancia. Se tiene en cuenta la problemática específica de las familias monomarentales, que requieren medidas de acción positiva para hacer efectiva la igualdad de oportunidades. Por esto mismo, el Ministerio de Igualdad ha estado trabajando conjuntamente con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para que las mujeres más vulnerables tengan cobertura a través del IMV.
A Podemos CLM le preocupa cómo está gestionando esta crisis el gobierno regional con un sistema público de Servicios Sociales infradotado y sobrecargado que, lejos de recuperarse de los recortes de Cospedal, ha seguido en un progresivo deterioro. Preocupa además, la tardanza en reaccionar y ofrecer respuestas rápidas para proteger a las personas más vulnerables. Está claro que García Page sigue eludiendo su responsabilidad, al mantener en el fondo del cajón la Ley de Garantías Ciudadanas de Podemos de la pasada legislatura. Gracias a esta propuesta, CLM podría tener implantada ya una Renta Mínima Garantizada que hubiera supuesto un escudo de protección previo y efectivo para las familias más vulnerables durante la pandemia.
La siguiente cuestión que se plantea es cómo va a encajar el gobierno autonómico el tan esperado IMV con las ayudas autonómicas y , más concretamente, de qué manera se van a agilizar los trámites burocráticos, al mismo tiempo que se fortalece la red pública de servicios sociales.
Señor García Page, para reconstruir socialmente Castilla-La Mancha no vale con mirar sólo hacia su lado derecho, hay que ampliar la mirada, tender puentes con las fuerzas progresistas y aprender de la ciudadanía que ha sabido autoorganizarse colectivamente para dar cobertura inmediata a las peticiones de sus vecinos y vecinas creando redes de apoyo mutuo. Sólo podremos re-construir socialmente Castilla-La Mancha sobre unos cimientos sólidos, blindando los servicios públicos y poniendo en el centro de las decisiones las necesidades de las personas castellano manchegas, para que realmente nadie se quede atrás.
