En los últimos meses se está asistiendo con estupor, indignación, impotencia y máxima preocupación a la alegosa tramitación por parte del Gobierno a la Ley de Educación, que pasará tristemente a la Historia como la Ley Orgánica que se propone dinamitar la CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
El Gobierno de Sánchez ha convertido esta Ley en una moneda de cambio para contentar a sus socios de investidura, ceder ante sus exigencias anticonstitucionales y asegurar los votos que necesita para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y, con ellos, anclarse en la Moncloa que es lo único que, según demuestra, le interesa sin importarle el precio; vende así de manera devaluada y vergonzosa el gran bien común de la educación, Sánchez lo hace por el rico y suculento plato de lentejas, como es el dorado sillón presidencial de la Moncloa.
El Gobierno ha orquestado un atentado demoledor a la EDUCACIÓN con mayúscula, a la EDUCACIÓN DE CALIDAD, ha vulnerado y violado con ello los principios constitucionales. La Ley es destructiva y nefasta tanto en forma como en contenido.
Respecto a la forma, la ministra Celaá ha colado la Ley por la puerta de atrás del Congreso de los Diputados, lo ha hecho aprovechando rastreramente la pandemia. El Gobierno, en lugar de centrar la maltrecha actividad legislativa en dotar al país de las Leyes Sanitarias que necesitamos y de medidas económicas para hacer frente con eficacia a los estragos producidos por el COVID-19, se dedica con ahínco a destrozar a dentelladas el sistema educativo español, por encima de los demás, que no precisa de asesoramiento y que se cree en posesión de la verdad y del saber, pero… el Gobierno está desvinculado de la realidad escolar, de las necesidades de los centros educativos y de las legítimas demandas de las familias; solamente a las exigencias partidistas de sus socios de investidura.
Respecto al contenido la Ley de Educación Celaá, en trámite, es el mayor disparate educativo porque corroe los cimientos institucionales y formativos de una sociedad democrática, porque anula los derechos y libertades de las personas y porque socaba la CALIDAD de la Educación.
En su contenido la Ley es un atropello manifiesto a la libertad de elección de centros y a la enseñanza concertada, pretende privar a las familias del derecho a la elección de centro para sus hijos e hijas, vulnerando el artículo 27 de la Constitución.
Pero el ataque inconstitucional no termina ahí, la Ley es un atentado al idioma de la Nación, en cuanto que pretende eliminar el castellano como lengua vehicular de España y por lo tanto desprecia la riqueza de una lengua hablada en el mundo por más de seiscientos millones de personas, pretende empobrecer el modelo educativo de los escolares residentes en las Comunidades Autónomas con lenguas cooficiales y pretende privar a los mismos del deber de conocerla y el derecho a usarla, deber y derecho que se promulga en el artículo 3 de la Constitución Española. Y suma y sigue… La Ley Celaá condena la Educación Especial, desprotegiendo y abandonando al alumnado con necesidades educativas especiales, con su intento de cerrar los centros de Educación Especial y promover la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales en centros ordinarios. Demuestra con ello su ignorancia ante la realidad de este colectivo, manifiesta su insensibilidad ante su situación, ningunea la labor educativa y social de los centros de Educación Especial y limita las posibilidades educativas de este alumnado vulnerable por sus circunstancias. El Gobierno de Sánchez ignora que es imposible que todos los centros ordinarios consigan los recursos humanos y materiales para asumir la labor de los centros de Educación Especial, desempeñada por dichos centros con eficacia y solvencia.
La Ley Celaá abre la puerta para la promoción del alumnado a otro curso y etapa sin haber superado los criterios de evaluación; permite que se obtenga así una Titulación con materias suspensas, por lo que esta Ley se convierte en una fábrica de fracaso escolar, en una herramienta para eliminar el estímulo, el esfuerzo y el rendimiento del alumnado en un medio para hurtar a los jóvenes la promoción laboral. La Ley Celaá promueve el nombramiento encubierto y vitalicio de los Inspectores/as de Educación, arrollando así los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, principios rectores de acceso al empleo público recogidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto Básico del Empleado Público, los cuales quieren sustituirlos por un sistema de acceso al cuerpo partidista y encaminado a controlar esta institución educativa hasta ahora independiente del poder ejecutivo.
Ante el desastre y la insensatez que representa la Ley Celaá, urge proclamar y poner en práctica el Decálogo de Educación de Calidad propuesto por el PP:
1.- Libertad de elección educativa.
2.- Castellano vehicular en toda España.
3.- MIR del profesorado.
4.- Educación gratuita de 0 a 3 años.
5.- Digitalización de la enseñanza y asignaturas STEM.
6.- FP Dual.
7.- 65% de enseñanzas comunes nacionales.
8.- Defender la Educación Especial.
9.- Reforzar la Alta Inspección Educativa y la lucha contra el acoso escolar.
10.- Evaluación pública de conocimientos y EBAU nacional única.
La defensa de la educación de calidad se sustenta en el reconocimiento de la educación como el timón de la vida, como la llave de la sociedad y del futuro de Nación, ya que el alumnado de hoy en día será dentro de unas décadas quien esté al frente de las instituciones, desempeñe trabajos, produzca riquezas y proporcione el bienestar a las futuras generaciones, sobre este alumnado recaerá sacar al país de su endeudamiento. Los frutos de la educación de hoy se recogerán dentro de unos años y la Ley de Educación no debe mutilar la vida española por intereses políticos, la Ley de Educación no debe ser un barco con velas rotas y sin remos que lleve a la deriva el gran país que es España. Es responsabilidad de todos impedir que la locura de la Ley Celaá se convierta en el gran fraude educativo, por lo que hay que impedir que pisotee los derechos constitucionales, los cuales son garantía de la dignidad de la persona.
