Los presidentes de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, Alfonso Fernández Mañueco, Emiliano García-Page, y Javier Lambán, han reivindicado el reto demográfico y la revitalización del medio rural como un mandato de la Constitución, donde se recoge la igualdad de todos los españoles, además de que debe ser entendida como una «política de Estado de primera magnitud» que determine el modelo de financiación autonómica, el debate parlamentario y la gestión presupuestaria.
Así lo han puesto sobre la mesa los tres mandatarios tras la firma de un acuerdo de solicitud conjunta a la UE para que las provincias de Soria, Cuenca y Teruel sean consideradas «zonas más desfavorecidas», al tener menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y beneficiarse de una serie de ayudas y exenciones fiscales. Un acuerdo que no es cerrado sino que esperan que se pueda aplicar a otras comarcas del resto del país en situaciones similares.
Así, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido que la despoblación y la financiación autonómica «son un problema de defensa de la Constitución» porque la «la igualdad es un principio innegociable» y los servicios públicos se tienen que prestar «en igualdad de condiciones a todas las personas» con independencia de su lugar de residencia, en el ámbito urbano o en el medio rural.
En los mismos términos se ha mostrado el presidente manchego, quien ha asegurado que el acuerdo firmado este viernes en la capital soriana «es de largo recorrido» y debe de condicionar «el debate parlamentario, la gestión presupuestaria y la financiación autonómica» porque se trata de un derecho de los ciudadanos «recogido en la Constitución» y así ha puesto el ejemplo de que en Cuenca para la prestación de la Sanidad se precisan 50 centros, mientras que en Fuenlabrada, con la misma población, se necesitan cinco.
Por ello, los tres presidentes autonómicos han pedido la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se aborde un nuevo modelo de financiación autonómica -reforma que se dilata en el tiempo desde 2014- que permita una financiación adecuada y justa de los servicios sociales en el que se busque «la convergencia» con Europa y se deje fuera del «ruido político» la financiación de la Sanidad, la Educación y los servicios sociales.
Por su parte, el aragonés Javier Lambán ha defendido que la Constitución Española recoge la igualdad de derechos y oportunidades de todos los españoles por lo que considera que el reto demográfico, aunque él prefiere hablar de «revitalizar el medio rural» debe ser considerado «como una política de Estado de primera magnitud» porque es un desafió «que atañe al Estado y es un imperativo constitucional».
No obstante, Lambán ha explicado que han sido las «comunidades autónomas y los ayuntamientos los que han puesto sobre la mesa, denunciado y ofrecido soluciones a este problema» mientras que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dejado claro que el objetivo de la España de las autonomías «es el de ser útil a las personas» como lo ha demostrado durante el COVID porque han sido las regiones «las que han estado de parapeto y en primera línea» en la lucha contra el coronavirus.
Pero Javier Lambán ha ido más allá y ha asegurado que la desigualdad social «es cuestionable desde el punto de vista ético» pero son cada vez más los economistas los que dicen que es «ineficiente en la productividad de riqueza, además de que es letal, si se mantiene en el tiempo y se incrementa, para la Democracia, porque socava sus cimientos y los de la Constitución».
Por ello, los mandatarios de las tres comunidades autónomas piden «hechos concretos» y ven necesario y urgente la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar un modelo de financiación con unos «criterios pactados», como ha precisado Fernández Mañueco, o como lo ha definido García-Page, recibir «trigo».
