El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado un Decreto de la Consejería de Hacienda por el cual se remodela su estructura, eliminando la Dirección General de Patrimonio y Contratación, de nueva creación en esta legislatura y cuyas competencias regresan a la Secretaría General de la cartera de Juan Alfonso Ruiz Molina.
Tras algunos meses de experiencia, se ha comprobado que parte de estas funciones pueden ser desarrolladas potenciando el órgano técnico especializado en la materia, como la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en tanto que el resto pueden residenciarse de nuevo en la Secretaría General sin merma en la eficacia de su ejercicio.
La crisis derivada de la enfermedad COVID-19 «aconseja acometer cuanto antes esta reforma a fin de mejorar la eficacia y racionalizar el gasto en la actuación administrativa en esta materia», explica el DOCM.
Paralelamente a la elaboración de esta norma se está tramitando una modificación del Decreto 74/2018, de 23 de octubre, por el que se regula la Oficina de Contratación de la Junta de Comunidades, a fin de completar los objetivos previstos.
Por otra parte, se aprovecha la modificación para proceder a armonizar algunas de las competencias atribuidas a la Consejería, así como incorporar aquellas adquiridas desde la publicación del Decreto modificado.
En especial, y partiendo de la premisa de que actualmente carece de sentido la distinción entre administración tradicional y electrónica, pues toda la administración ha de ser inexcusablemente electrónica, se racionaliza la distribución de competencias entre los dos órganos directivos con competencias directas sobre la materia.
De este modo, la definición y diseño de la organización y los procedimientos administrativos corresponderán a la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, en cuanto gestora de la calidad de los servicios, asignándose a la Dirección General de Administración Digital la definición y desarrollo del soporte tecnológico de las mismas.
