El Gobierno de Castilla-La Mancha, según ha asegurado su portavoz, Blanca Fernández, va a recurrir el trasvase de 38 hectómetros cúbicos aprobado este pasado lunes, al tiempo que va a seguir trabajando con el Ministerio de Transición Ecológica para derogar el ‘Memorándum de Entendimiento sobre el Trasvase Tajo-Segura’, que permite que sigan dándose las derivaciones de agua al Levante y que no se alcancen los caudales ecológicos que «por sentencia judicial y sentido común deberían estar donde corresponde», esto es, en el río Tajo.
Así lo ha avanzado la portavoz del Ejecutivo regional, durante la rueda de prensa que ha ofrecido este martes para informar de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno de la presente semana, marco en el que ha lamentado que ese nuevo trasvase «es incompatible con la lucha contra el cambio climático, el desarrollo sostenible y la pervivencia y supervivencia del Tajo».
Y es que Fernández ha defendido que el Gobierno castellanomanchego mantiene la misma reivindicación: «agua para consumo humano, sí; pero no para un regadío incontrolado». Además, en este punto concreto, tras precisar que las explotaciones agrícolas de regadío generan cinco veces más puestos de trabajo que una de secano, ha reclamado para Castilla-La Mancha el mismo desarrollo del que está disfrutando el Levante a costa de los recursos hídricos del Tajo.
De ahí que haya insistido en que el Ejecutivo regional seguirá trabajando con el Ministerio que capitanea Teresa Ribera para derogar el memorándum, pues aboga por que los embalses de cabecera acumulen «siempre» 800 hectómetros cúbicos.
ACUERDO GOBIERNO-FEMP
En otro orden de cosas, preguntada sobre el hecho de que el Gobierno central vaya a asumir el pago de los intereses que las entidades locales abonan a las entidades financieras por tener depositados sus remanentes tras el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, la portavoz del Gobierno castellanomanchego ha defendido que «el problema» está en la Ley de Estabilidad con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy «impuso un corsé a los ayuntamientos, sin dialogar con ellos», que han generado unos remanentes de 15.000 millones de euros «que no pueden gastar».
Dicho esto, ha insistido en que tras el acuerdo con la FEMP, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto un mecanismo voluntario encima de la mesa y cada alcalde o alcaldesa ha de valorar si le interesa o no. «Al que no le convenga, que no lo use», ha añadido Fernández, para quien lo acordado «no es un mal trato».
«Si un ayuntamiento cede al Gobierno su superávit tendrá el 30 por ciento de ese importe para gastar en lo que considere más perentorio», ha defendido la portavoz del Ejecutivo regional, que ha pedido al PP «memoria y coherencia y que no falte a la verdad» pues no es cierto que con esta medida la Administración central «esté confiscando».
