El Pacto Regional del Agua de Castilla-La Mancha se aprobó hace escasos días, pero este documento lleva meses fraguándose entre la sociedad de nuestra región a la que le pertenece la gestión, el uso y el disfrute de un agua de calidad, en cantidad y que garantiza derechos fundamentales de igualdad social.
Después de tres reuniones y haber modificado el texto inicial, se ha aprobado un documento con un cariz más social que garantiza ciertos derechos fundamentales y que recoge una postura común castellano-manchega en materia de agua. Una posición política que hace que en Castilla-La Mancha el agua se considere un derecho humano, pilar esencial en la eliminación progresiva de las desigualdades sociales.
En el primer documento que la Consejería de Agricultura pasó a debate el agua no se consideraba un derecho humano fundamental, tal y como dicta la Organización de Naciones Unidas desde el año 2010, además existían muchas carencias (algunas de ellas aún se mantienen) que desde Izquierda Unida enmendamos con varias aportaciones orientadas a fomentar los aspectos sociales del agua, recogidos en el objetivo número 6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados en la Agenda 2030.
Apostamos desde el primer momento para que se reconociera el agua como lo que debe ser, un derecho humano esencial; y que por lo tanto, a nadie en Castilla-La Mancha se le pudiera cortar el suministro porque no pueda hacer frente a su pago. Para ello, seguimos los dictados de Pedro Arrojo, actual Relator Especial del Agua en la ONU, que reconoce el papel del agua como elemento clave en la garantía de eliminar las desigualdades en todo el planeta, dotando al agua de un papel esencial, dejándola fuera de las agendas mercantilistas y comercializadoras, además de que se garantice su acceso y saneamiento como elemento vertebrador social, independientemente de si tienes o no recursos para pagarlo. Especial interés tiene este último elemento en Castilla-La Mancha, una región con un 30% de personas en situación de pobreza y exclusión social y que en muchos casos no pueden hacer frente al pago del agua para su abastecimiento.
Hoy, gracias a las aportaciones de IU, queda recogido que el agua es un derecho humano y está garantizado para todas las familias, aunque no puedan hacer frente al pago del misma. Es decir, se ha conseguido un importante avance social alcanzando un amplio consenso entre la mayoría de partidos, sindicatos, organizaciones y asociaciones de Castilla-La Mancha para que no se corte el agua a quién no pueda pagarla del que debemos felicitarnos toda la sociedad castellano-manchega. Ahora tendrá que ser la nueva Ley de Agua, en plena tramitación, la que garantice de forma normativa este derecho y estaremos muy vigilantes para que así sea.
Pero este Pacto Regional del Agua también recoge otro importantísimo hito. Me refiero a que por primera vez se ha alcanzado un acuerdo casi unánime entre los partidos de Castilla-La Mancha para poner fin al trasvase Tajo-Segura, reivindicación histórica para algunas organizaciones, como Izquierda Unida, que desde el inicio mostró su oposición, en aquellos momentos como PCE.
Por fin, las movilizaciones ciudadanas que comenzaron en 1979, tan solo un año después de que el agua del Tajo corriera por el trasvase, han conseguido que los partidos de nuestra región firmemos un documento que servirá para poner fecha de caducidad a una de las mayores aberraciones medioambientales que perduran en nuestro país.
Y el fin del trasvase, para todo uso que no sea el abastecimiento humano, ha sido acordado por ser el responsable de la merma de los caudales ecológicos, concretamente en el curso medio del Tajo, yendo de esta forma en contra de la normativa europea, en concreto de la Directiva Marco del Agua.
Lo dicho para el Tajo también se extenderá al resto de trasvases que esquilman los recursos hídricos y la riqueza de nuestra región y se los lleva a otras para garantizar regadíos intensivos insostenibles para el medio ambiente y que solo benefician a las grandes empresas agropecuarias, que no asumen el déficit hídrico que supone el inexorable cambio climático.
En Castilla-La Mancha apostaremos por un regadío social sostenible, extensivo y basado en producciones agrícolas que no pongan en peligro el futuro, y que consideramos importante para mantener la población en los pueblos y evitar los movimientos migratorios que están vaciando nuestra tierra.
A pesar de estos grandes avances, reconocemos que son muchas las carencias y ambigüedades del texto acordado. Por ello, desde Izquierda Unida lo apoyamos de forma crítica, como dejamos claro durante la reunión. Vamos a trabajar para que se cumpla este texto en lo que tiene de positivo, trabajando para cubrir sus carencias y para que las ambigüedades se interpreten en beneficio social y medioambientalmente de la sociedad castellano-manchega, y para que se respete de forma estricta la Directiva Marco del Agua, que desde el año 2000 se viene incumpliendo. Nuestro trabajo será controlar que el Gobierno de Castilla-La Mancha ejecute lo que hoy aplaudimos de forma crítica.
