La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) considera que el nuevo anuncio del Gobierno de establecer un permiso retribuido con el pretexto de reducir la movilidad supone «una nueva improvisación de incalculables consecuencias».
En nota de prensa, Fedeto, que ha lamentado que esta decisión se haya tomado «en pleno fin de semana» impidiendo a las empresas poder organizar su cierre con tiempo suficiente, cree que lo que se ha decretado es «una obligación que se dirige a los trabajadores, que si se incumple por la empresa puede dar lugar a un posible delito contra los derechos de los trabajadores».
«Si en el decreto publicado este sábado los despidos basados en el coronavirus eran declarados improcedentes por el Gobierno, pocas horas después se nos anuncia que, ahora, serán nulos de pleno derecho, dado que se ha establecido un permiso retribuido gubernamental», ha destacado la organización empresarial.
En su opinión, este nueva orden se basa en el «pretexto» de «reducir la movilidad para garantizar la salud», pero «al adoptar esta nueva decisión de forma totalmente unilateral parece que su objetivo es poner fin a la cantidad de prestaciones que se está viendo obligado a abonar el estado por los miles de ERTEs que se han autorizado en unos pocos días».
«El Gobierno se ha instituido a sí mismo en gerente de las empresas privadas y actúa sobre ellas como si fueran empresas públicas», ha criticado Fedeto, que añade que «si el Gobierno velara por las empresas habría adoptado, además, medidas para desahogarlas financieramente, eliminado cotizaciones e impuestos».
En estos momentos, y de materializarse este nuevo anuncio, «resultan ya incalculables los daños para la economía en general y para las empresas en particular», ha aseverado la patronal, que ha augurado que «los cierres de empresas se van a contar por miles y los parados, en el medio plazo, por millones».
